Punta de Mita, Nay.

La empresa Dine, representante de desarrollos turísticos de Punta de Mita, propiedad de empresarios nacionales y extranjeros, se apoderó de todo en este poblado turístico del municipio de Bahía de Banderas, lo mismo de playas que de la escuela primaria, la plaza pública y los accesos a la bahía.

Hace 22 años, agentes federales desalojaron a pescadores locales a punta de culatazos. Los sacaron de sus casas por órdenes de Rigoberto Ochoa Zaragoza, entonces gobernador de Nayarit, aseguró Justino Niebla González, uno de los afectados. Éramos 274 personas, sostuvo.

Las casas de los pescadores junto al mar fueron derribadas. En su lugar fueron construidos hoteles donde una suite cuesta 15 mil dólares por noche. Asimismo se venden casas por más de 7 millones de dólares, mientras a los pescadores desalojados se les edificó el poblado Nuevo Corral del Risco, a dos cuadras de la entrada al hotel Saint Regis.

Las casas de los pescadores, que colindan con restaurantes y negocios de lujo, están hechas de bloques; miden menos de 50 metros cuadrados y por temporadas carecen de agua potable. Las calles se hallan en pésimas condiciones y por ellas corren aguas residuales.

José Anaya Aguirre, presidente de la asociación civil Unidos por la Dignidad de Corral del Risco, asegura que desde 1994 “nada ha cambiado, no se ha cumplido los compromisos.

La escuela primaria, el kínder, la plaza pública, la cancha de futbol, el estacionamiento: todas esas áreas son privadas. Yo tengo las claves catastrales. La mayoría de esas propiedades están a nombre de Banca Serfin (ya desaparecida), añadió.

Con documentos, minutas y acuerdos en mano, Anaya asegura que existen anomalías en la escrituración de las propiedades; afirma tener la escritura madre de nuestro pueblo, que es la 3 mil 689. Esa se registró en 1994, año que nos reubicaron. Estas escrituras están en el catastro de (la comunidad) Bucerías.

Agregó que Dine no ha cumplido los más de 30 compromisos firmados a lo largo de 20 años, y junto con autoridades municipales, estatales y federales han cometido arbitrariedades.

Sin derecho a la playa

María Alonso Montaño recordó que un sujeto entró hace años a su casa y le dijo: “‘Tenemos tres demandas en tu contra, del gobierno federal, de Banca Serfin y de los gobiernos estatal y municipal’. Me llevaron al Ministerio Público. Yo no firmé nada”, contó.

Alonso asegura que ya está acostumbrada a su pequeña casa. No tengo otro lugar donde vivir, pero este pueblo de verdad es un corral. Indicó que sólo se puede salir por la carretera y los vecinos parecen acorralados por un desarrollo que no les ha dejado beneficio alguno. Tampoco tenemos derecho a andar por la playa.

Cuando los pescadores de Punta de Mita fueron desalojados les prometieron que les darían los mejores trabajos en los nuevos negocios. Les mintieron. Este pueblo está en el limbo. No crece y la economía apenas da para sobrevivir, lamentó María Alonso, quien destacó que la comunidad está rodeada de oro (el turismo de gran lujo), pero nosotros no alcanzamos nada de eso.

Figuras del espectáculo y la política hallan en Punta de Mita refugio y privacidad. “Una vez nos dijo un candidato: ‘Aquí viene el señor Presidente de la República (Enrique Peña Nieto). Le encanta aquí’. Le dije: ‘¿Sí? Dígale que se dé una paseadita por el pueblo para que vea cómo está. Si tanto le gusta, que dé un billetito para que arreglen las calles”.

Muchos pescadores de Corral del Risco han vendido sus viviendas. Ya ni siquiera la cooperativa de su gremio es de su propiedad. La fundaron en 1980 y hoy está en manos de extranjeros, al igual que una escollera que Dine prometió construir tras el desalojo.

Justino cuida un terreno frente al mar, donde vende botanas y refrescos. Su edad es avanzada y padece diversas enfermedades.

Ningún compromiso ha cumplido Dine. Los verdugos fueron el entonces alcalde Crescenciano Flores y el gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza. Nos atacaron, nos obligaron a aceptar, metieron gente a la cárcel hasta que aceptamos la reubicación.

Indicó que ejecutivos de los hoteles ordenaron acabar con arroyos para construir campos de golf frente al mar; además, los fertilizantes sintéticos para el césped de esos campos terminan en el mar. Antes había mucho que comer al borde de la playa; ahora sólo hay piedras.

Veintidós años después del desalojo, el pueblo sólo tiene una calle pavimentada por donde pasan a veces las lujosas camionetas de los huéspedes que salen de compras. Pero nada de ese dinero se queda entre la población.