La Asamblea Constituyente deberá asegurar en la carta magna de la Ciudad de México que el Consejo de Desarrollo Metropolitano que habrá de crearse para coordinar acciones de la capital y sus alcaldías con las entidades y municipios conurbados, así como con el gobierno federal, tenga la suficiente autoridad para prever soluciones a problemas futuros, como los que se padecen ahora con la emergencia ambiental o el de una previsible escasez de agua.

Al señalar lo anterior, Porfirio Muñoz Ledo, integrante del equipo que coordina al grupo de apoyo del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para redactar el proyecto de constitución, recordó que la reforma al artículo 122 constitucional prevé la creación de dicho consejo para atender en la zona metropolitana temas de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, tránsito, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

La Asamblea Constituyente deberá explorar los mecanismos para asegurar en la constitución que dicho consejo tenga poder real y base democrática y se definan las obligaciones que contraerá la ciudad para enfrentar los problemas del futuro, ya no somos sólo una ciudad, ni siquiera una gran urbe, somos una megalópolis, señaló en entrevista luego de participar en un foro convocado por la Promotora por la Reforma Política Democrática de la Ciudad de México.

Por otra parte, a unas horas de que comiencen las campañas para la elección de los diputados a la Asamblea Constituyente, Muñoz Ledo dijo que espera que los partidos y los candidatos efectúen una discusión a fondo de los problemas de la ciudad.

Antes, se comprometió con las organizaciones a promover ante la Constituyente que la constitución que expida sea sometida a referendo. Agregó que si bien hay consenso e incluso el jefe de Gobierno está de acuerdo, hay diversas opiniones y se podría incluir en los transitorios del proyecto, pero será al final la Constituyente la que lo decida.

Refirió que se propondrá la participación de las personas no sólo en los ejercicios de democracia directa, como el plebiscito, el referendo, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato y la contraloría social, sin olvidar el presupuesto participativo, sino el involucramiento, no de organizaciones políticas, sino de los habitantes, en un ejercicio verdaderamente vinculante.