El gobierno mexicano no está cerrado a mecanismos de seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa, una vez que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluya su mandato a fines de este mes, señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián.

Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será la encargada de sugerir los ‘‘esquemas de seguimiento’’ a la investigación, pero se negó a hacer cualquier especulación sobre ello, pues aún no se ha abordado.

Sin embargo, destacó que durante el encuentro realizado la víspera en Washington, el gobierno mexicano se comprometió a continuar y cumplir con todos sus compromisos.

‘‘La relación en el tema Ayotzinapa habrá de mantenerse; hay medidas cautelares que siguen vigentes y una normatividad internacional que atender, así como compromisos y obligaciones que el Estado mexicano habrá de cumplir respecto de estos asuntos’’, señaló.

Entrevistado luego de participar en la Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes #InfanciaSinViolencia, Campa comentó que en su visita a la CIDH, junto con funcionarios de la cancillería y de la Procuraduría General de la República, se informó a este organismo sobre los avances del caso Ayotzinapa y el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la comisión sobre las tareas de búsqueda de los jóvenes normalistas desaparecidos y la atención a las víctimas.

Señaló que al día de hoy, las autoridades tienen avances muy importantes en la indagatoria, con casi 120 personas sujetas a procesos penales, donde el Poder Judicial determinará las respectivas responsabilidades.

En tanto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado demandó al presidente Enrique Peña Nieto ampliar el plazo al GIEI, a fin de que continúe con su coadyuvancia en la indagatoria sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

El coordinador perredista en esa cámara, Miguel Barbosa, dijo que es ‘‘una arrogancia’’ del gobierno federal cerrarse al escrutinio de un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Advirtió que la pretensión del gobierno de Enrique Peña Nieto ‘‘es sacar a los expertos e ir creando las condiciones para que el caso Ayotzinapa se cierre y se diluya’’.