ara que resulten socialmente pertinentes e históricamente situadas, es necesario que las políticas educativas y sociales incluyan medidas articuladas para hacer frente a la situación de emergencia social que vive el país, particularmente a la desigualdad y a la violencia desbordada (Kruijt, 2008); reconociendo como llegamos a esta situación de deterioro social.
Para el autor citado, el caldo de cultivo ha sido la reestructuración económica y social, desde mediados de los 80 y 90 en la región latinoamericana que trajo como resultado pobreza masiva, informalización de la economía y la sociedad y un proceso de exclusión social de una gran parte de la población, así como una gradual erosión de la legitimidad del orden civil, político y público.
La manera en la que se han gestado los procesos de deterioro económico, político, ambiental y sociocultural afecta a la sociedad en su conjunto, pero particularmente a niñas, niños y jóvenes. Un área en la que se manifiesta el decaimiento social es el aprendizaje. Al analizar los factores asociados al aprendizaje, la Unesco (2015) reporta en el Tercer estudio regional comparativo y explicativo que los entornos de desigualdad y violencia afectan el aprendizaje de los niños.
Los resultados de su estudio muestran que existe una fuerte asociación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y las escuelas, con el desempeño de los mismos, así como entre éste y el trabajo infantil. Por otro lado, este estudio reporta que la violencia en el entorno de la escuela afecta negativamente los aprendizajes; por cada punto en que aumenta el índice de violencia en el entorno del centro educativo, los resultados de sus estudiantes en las pruebas se reducen entre ocho y 27 puntos en tercer grado y, entre ocho y 38 puntos en sexto.
Para hacer frente a estas situaciones que ponen en riesgo el derecho a la educación de niñas y niños y jóvenes, y pueden dar lugar a la perpetuación de la pobreza y la violencia, la Unesco recomienda como medida atender las condiciones sociales de la población para mejorar el desempeño académico, al igual que las oportunidades de aprendizaje, mediante el desarrollo de políticas sociales intersectoriales (salud, alimentación, vivienda, trabajo, cultura, capital social). En México no se está atendiendo esta recomendación, pues las políticas están focalizadas en la pobreza extrema, no están articuladas y no son universales.
El estudio mencionado reconoce además el papel central que tienen los docentes para la inclusión educativa y la atención a la diversidad de niñas y niños, y jóvenes y recomienda promover las condiciones laborales que promuevan el desarrollo profesional del docente. Los esfuerzos deben dirigirse además a fortalecer la formación docente y las instituciones formadoras de docentes.
En este contexto, centrar la política educativa en la evaluación docente y en los resultados del desempeño de los alumnos, está asociada a una perspectiva muy reducida que tiene graves consecuencias sociales, entre ellas desatender los problemas de fondo: la desigualdad social en el país y junto con ésta la desintegración de los vínculos sociales y el sentido comunitario. Más de una década de pruebas estandarizadas no han generado las políticas articuladas que se requieren para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Al evaluar es importante reconocer que el aprendizaje se despliega en ecologías complejas. El aprendizaje es cognitivo, social, emocional, perceptual y fisiológico (Bronferbrenner y Morris, 1998) y ocurre tanto a través del esfuerzo de los individuos, como de las interacciones en las que están inmersos, usando herramientas físicas y simbólicas, en espacios particulares (Cole, 1996). No son triviales las relaciones que ocurren entre pensar, percibir, sentir, la motivación y los procesos de identidad que se movilizan y coordinan cuando las personas están implicadas en el aprendizaje, difícilmente una prueba estandarizada podrá captar estos procesos.
Abordar el aprendizaje en su integralidad implica repensar los sistemas actuales de evaluación que niegan aspectos esenciales sociales, emocionales, éticos y cívicos del desarrollo y del aprendizaje y que llevan a la exclusión de niñas, niños y jóvenes en desventaja social (Comer, 2005). Un camino alternativo de política educativa es poner atención a la mejora continua del sistema educativo y del clima escolar para el aprendizaje, el desarrollo y el bienestar de todos los que ahí participan.
Diversos estudios (Thapa, Cohen, Guffey y Higgins-D’Alessandro, 20013) han mostrado que un clima escolar positivo está asociado con un incremento en el desempeño estudiantil, un aumento de la conexión con la escuela y fortalece los esfuerzos para la prevención y la promoción de la salud. La mejora del clima escolar implica la toma de decisiones de manera colaborativa, democrática y participativa, diagnósticos cualitativos y cuantitativos para la mejora continua, metas de mejora ajustadas a las necesidades de las escuelas, construcción de capacidades entre el personal de la escuela, intervenciones basadas en la investigación, incluyendo estrategias para eliminar las barreras para aprender y convivir, además de procedimientos para planear, desarrollar y evaluar los ambientes de aprendizaje.
En un ambiente de madurez reflexiva en el que no se busquen culpables sino que se aprenda de los errores, es urgente asumir ya las acciones para detener el desmoronamiento social.
* Profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional-Morelos.
