Durante los primeros tres meses del año el decomiso de armas y municiones en las aduanas del país creció 50 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado, además de que se descubrieron más de 11 mil piezas piratas de mercancía diversa, informó el administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ricardo Treviño Chapa.

Además, mencionó que hasta diciembre pasado se aplicaron 60 sanciones administrativas contra diversos funcionarios del SAT y en 14 casos se procedió a presentar una denuncia penal.

El funcionario dio a conocer los decomisos en una conferencia de prensa donde anunció que para evitar la corrupción, el contrabando de armas y la importación de mercancía ilegal o subvaluada, la dependencia a su cargo instalará 14 mil 400 cámaras de videovigilancia que forman parte de un sistema informático que permitirá la identificación de personas, mercancías y operaciones con algún nivel de riesgo.

Además, dijo, los nuevos equipos permitirán operar un sistema de inteligencia de negocios y de riesgos con bancos de datos que contienen información sobre el historial de operaciones de una empresa determinada, o incluso los rasgos físicos de quienes hayan cruzado una de las 52 aduanas o por los 60 puntos de revisión que hay en todo el país.

El nuevo sistema de videovigilancia, afirmó, manejará indicadores de riesgo y nos permitirá ser más asertivos en el combate al contrabando.

Pero, de entrada, el proyecto ya comenzó a ser cuestionado, por lo menos una empresa se quejó del resultado del proceso de licitación, cuyo contrato obtuvo la empresa Sixsigma Network México, SA de CV, en conjunto con IDM. También se generaron dudas en torno a la transparencia del proceso, dado que en esas empresas aparece el nombre de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, considerada en algún momento como la mujer más rica del país, como socia, así como la estadunidense IBM de México, Comercialización y Servicios. Ese contrato involucra un monto ligeramente superior a los 9 mil 906.5 pesos y según Treviño Chapa resultó mil 563.5 millones de pesos (14 por ciento) menor a lo que la propia institución tenía presupuestado gastar.

El administrador general de recursos materiales del SAT, Óscar Mauricio Tovar García, dijo que en caso de haber alguna inconformidad puede presentarse la queja correspondiente ante la Secretaría de la Función Pública o el órgano interno de control del mismo SAT para determinar la legalidad del proceso.