El Gobierno de la Ciudad de México indemnizará y ofrecerá disculpas a las víctimas del operativo policiaco implementado el 1º de diciembre de 2012, con motivo de las movilizaciones por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, tres años después de que la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) capitalina emitió la recomendación sobre ese caso.

La Secretaría de Gobierno informó que el próximo 4 de mayo, en un acto privado, se hará la restitución del daño material e inmaterial a 30 de los 99 afectados. La dependencia, al igual que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, se disculparán por la violencia ejercida al ser detenidos de forma arbitraria por los elementos policiacos que participaron en el dispositivo.

Agregó que se está en negociaciones con otras 60 víctimas, con la mediación de la CDHDF, con el propósito de llegar a un acuerdo para reparar el daño, por lo que quedan pendientes nueve casos.

La dependencia explicó que los montos de las indemnizaciones a entregar a las primeras víctimas los determinó la SSP y provienen del presupuesto de la corporación, aunque se negó a dar a conocer las cantidades, pues, dijo, son diferentes, según el caso.

El 10 de abril de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 7/2013, en la que concluyó que en un operativo deficiente, la policía capitalina trató de cubrir su ineficacia al detener de forma arbitraria a 99 personas, muchas de ellas víctimas de tratos crueles y denigrantes, por los desmanes ocurridos durante las protestas por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, en los que, documentó el organismo, no participaron.

Por el contrario, no se detuvo a ningún integrante del grupo de 40 personas que con actitud violenta fueron detectadas por las autoridades desde las 6:40 horas, que cometieron disturbios, daños a mobiliario urbano y establecimientos mercantiles, en su marcha de seis kilómetros de las inmediaciones de San Lázaro al cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, que los uniformados se limitaron a seguir.

En la recomendación, el organismo defensor de las garantías individuales exhibió la descoordinación entre los mandos policiacos y contradicciones en los reportes que se enviaban vía radio, y aunque el entonces subsecretario de Operación Policial, Darío Chacón, ordenó hasta en cinco ocasiones detener a esos manifestantes, la orden no se cumplió, con el argumento de que superaban en número a los policías, lo que permitió que durante tres horas realizaran desmanes en todo su recorrido.