Al concluir la revisión de las propuestas de la legislación anticorrupción en el Senado, los grupos parlamentarios acordaron que la ley 3 de 3 será la guía para la de responsabilidades, que las secretarías técnicas de las comisiones dictaminadoras elaborarán un documento de trabajo, mismo que se discutirá la próxima semana.

Ayer, en la tercera mesa de discusión, las organizaciones ciudadanas y senadores de PAN y PRD destacaron que se requiere un Tribunal Federal de Justicia Administrativa plenamente autónomo, fuerte e imparcial, que cuente con salas regionales especializadas para sancionar las responsabilidades de los servidores públicos que cometan algún acto de corrupción.

La senadora Dolores Padierna acusó que PRI y PVEM “pretenden achicar la reforma. Quieren optar por mantener las cosas como están, con más palabras o distintas palabras, pero no se cambia en esencia el planteamiento de cómo trabaja actualmente el tribunal.

“Pretenden que las salas regionales actuales –y que haya una sala en cada entidad– sean las que sancionen los casos de corrupción de los funcionarios, pero los gobernadores intervienen en la composición de esos órganos”, advirtió.

Durante su intervención en el encuentro, su homóloga panista Pilar Ortega respaldó las propuestas del PRD y de las organizaciones civiles, e insistió en que su bancada dio a conocer públicamente los irreductibles de esta legislación, entre ellos, “insistimos en que las salas regionales deben ser especializadas, y no existe impedimento constitucional alguno para que esto se dé.

Estamos generando un sistema que promueva la denuncia y privilegie que tengamos más asuntos procesados ante los tribunales, que haya más sanciones administrativas y que efectivamente se termine con la impunidad; esperamos que el número de casos se eleve, destacó.

Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo: nos preocupa que estamos haciendo un tribunal chico. Es decir, los magistrados van a ser los encargados de tener sentados frente a sí a un gobernador o un secretario de Estado acusados de corrupción, pero en el documento de los legisladores sólo son magistrados de apelación, es decir, sólo van a recibir los recursos que se interpongan de lo que se resuelva en las salas regionales.