na de las leyendas urbanas que escuché en Monterrey –hace ya cuatro décadas– se refería a la existencia de 2 mil pozos clandestinos explotados por la Cervecería Cuauhtémoc.

Jesús Hinojosa Tijerina, un destacado panista ex director de Agua y Drenaje de Monterrey, la paraestatal que opera el sistema hídrico de Nuevo León, afirmó hace un lustro que existían 3 mil pozos clandestinos. ¿La leyenda era entonces una realidad enmascarada? Entre 2013 y 2015, según alguna pequeña nota en la prensa local, las extracciones clandestinas se elevaron 37 por ciento respecto al trienio 2010-2012. Se promediaba al mes el hallazgo de 11 tomas de esta naturaleza. Y en estos días, Enrique Torres, el director de Agua y Drenaje del actual gobierno, informó que se había detectado 51 tomas clandestinas efectuadas por empresas, algunas de ellas de dimensiones que uno no se imaginaría.

Hinojosa Tijerina hablaba de pozos clandestinos. Ahora se habla de tomas clandestinas, no de pozos. A la redacción de estas líneas, la lógica indica que los gobiernos estatal y federal deberán estar dando los primeros pasos para echar a andar las indagatorias correspondientes.

Quizá los hechos vuelvan al gran saco de la leyenda y todo readquiera normalidad. Con todo, es impostergable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno nos entreguen un Atlas del Agua en México. Este documento tendría que contemplar la contabilidad de todos los acuíferos del país, de su flujo y disponibilidad, las características de los mismos, sus modalidades y montos de extracción, su uso en términos de distribución y consumo, entre muchas otras cosas. Es probable que ya existan estudios de este tipo y que todo sea cuestión de integrar y ordenar metodológicamente la información, y en el caso completarla. Al señalar esto quizá no haga sino abrir puertas abiertas, y alguna institución, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, dependiente de la Semarnat, haya realizado ya tal trabajo y sólo falta que lo dé a conocer en varias versiones de mayor a menor grado de complejidad para su cabal comprensión.

Con una información minuciosa sobre el agua en México, los legisladores tendrían material suficiente para evitar que el cada vez más valioso líquido sea derrochado, mal usado por falta de cultura y tecnología adecuadas y, lo más grave, robado para lucrar con él. Es inaudito que el siglo XXI nos siga sorprendiendo con actos de barbarie y de lesa humanidad, cuya comisión supone con frecuencia verdaderos ecocidios (y hasta violencia armada por el gobierno, como en Xochicuautla, estado de México, en contra de los defensores civiles de una zona de bosque sagrado, según el Congreso Nacional Indígena). Por cierto, la figura del ecocidio ya debiera estar consignada en la legislación penal como delito calificado.

Se sabe que el sistema de Agua y Drenaje suministró 274 millones 122 mil 715 metros cúbicos de líquido y que casi una tercera parte de este volumen es consumido por fugas y ordeña. Aquí las autoridades debieran realizar una investigación en forma y a fondo para saber qué volumen es extraído y sustraído. Y después perseguir, de la misma forma que se hace con los delincuentes más peligrosos, a quienes se enriquecen mediante el robo del agua, que es un bien de la nación. Paralelamente a estas medidas es preciso determinar qué industrias y actividades lucrativas vinculadas a la tierra y al agua militan en contra de la humanidad. Y más aún: poner en práctica una política pública de defensa del agua de carácter transversal. Una política así implicaría muy diversas líneas de acción empezando por las de índole cultural. Otro ejemplo, a propósito del legendario tema.

En sus investigaciones sobre el agua, el nuevoleonés Américo Saldívar estima que la producción de un litro de cerveza, desde el cultivo de la cebada hasta su puesta en envase, es de entre 850 y mil litros de agua. Cuando 10 millones de mexicanos carecen de agua potable. Y algo que por lo menos los periodistas saben: 80 por ciento del agua disponible para diversos usos proviene de los mantos subterráneos. Es como si la producción de una hectárea de cualquier producto agrícola hiciera necesaria la desertificación de unas mil hectáreas. Así de irracional. Pero si yo quisiera convencer públicamente a los habitantes de la tierra de Américo de abandonar el consumo de cerveza, no dudo que podría exponerme a un linchamiento o a cualquier agresión disfrazada de accidente. Igual ocurriría si mi intención fuera convencerlos de suprimir su consumo de refrescos de cola.

El gobierno, pues, debe iniciar la aculturación de la sociedad en torno a la producción de artículos que amenacen la existencia de la especie.

Una fuga de agua en mi casa, de la que resulta un recibo de muy elevado costo, me conduce a las oficinas de Agua y Drenaje. Allí me encuentro con casi medio centenar de representantes de organizaciones civiles protestando por la no cancelación, como había prometido el gobernador cuando hacía campaña como hombre antisistema, del proyecto hidráulico Monterrey VI (otra de las obras de Peña Nieto que huelen mal). Haré una pequeña parte en torno a este problema: enviaré a las autoridades de Nuevo León y a los representantes de esas organizaciones un artículo del mismo Américo Saldívar donde él propone un proyecto alternativo para no emplear las aguas del Pánuco, de las que se sospecha un futuro empleo en la técnica enemiga de la vida que es el fracking, sino las del río Bravo.