La demanda del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, por daño moral en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que difundió las razones por las cuales le negó la toma de nota como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana en junio de 2008, es improcedente, según el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, quien negó que la autoridad haya actuado con dolo o mala fe.

En su proyecto de dictamen (ADR 2931/2015), el ex procurador general de la República argumenta que la autoridad cumplió con el derecho a la información y rechazó que ello afectara la imagen y honor del quejoso, por lo que le niega el amparo al líder obrero al considerar que la secretaría –en aquel entonces dirigida por el senador panista Javier Lozano Alarcón– no incurrió en una actividad administrativa irregular.

Luego de que Gómez Urrutia solicitara la toma de nota como nuevo secretario general, en el marco de la 35 Convención General Ordinaria, celebrada en mayo de ese año, el 24 de junio la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS la negó y emitió un comunicado en el que expuso las razones de su decisión, entre las que destacan:

Que Gómez Urrutia no era convencionista, porque según los estatutos sindicales éste tenía que estar presente en la convención y el líder obrero, que entonces ya vivía en Canadá, no acudió; tampoco era trabajador de planta con antigüedad de cinco años continuos antes de la fecha de la elección ni gozaba de todos sus derechos civiles, ya que enfrentaba órdenes de aprehensión en su contra y era prófugo de la justicia, además de que era acusado de malos manejos en el ejercicio de su función y que, al vivir en otro país, estaba impedido para la defensa eficaz de los intereses y derechos de los trabajadores de su gremio.

En respuesta, Gómez Urrutia interpuso un procedimiento contra la STPS. Argumentó que la autoridad se había excedido en sus facultades y le causó una grave afectación en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, así como a su imagen a nivel nacional e internacional.

Medina Mora da la razón a la STPS, afirma que el tema era de relevancia pública o interés general y que la forma en que se difundió el hecho permitió que todos los agremiados fueran informados sobre un hecho que impactaría en el correcto funcionamiento del sindicato y, por ende, en el goce y ejercicio de sus derechos laborales. Además de que el asunto estaba directamente relacionado con el cargo que pretendía ejercer.

El proyecto de Medina Mora será discutido en la sesión del miércoles 13.