En el año reciente, 60 policías capitalinos fueron remitidos al Ministerio Público (MP) por distintos delitos, incluso uno por secuestro exprés, por lo que fue sentenciado a más de 39 años de prisión, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México, Hiram Almeida, en su informe anual de actividades.

Dijo que para abatir conductas delictivas de los uniformados se han aplicado distintos mecanismos de supervisión. El más reciente, dijo, es la prueba de mil 500 cámaras de solapa en los uniformes de los elementos de la corporación, para supervisar su actuación en las detenciones.

Asimismo, detalló, se cuentan con monitores en las grúas, con un sistema para observar la movilización de patrullas, así como cámaras en algunas de ellas.

El funcionario aseguró que también se supervisan los movimientos de los elementos policiacos con las cámaras de videovigilancia de la ciudad.

En la corporación, donde hay más de 88 mil policías, lo más importante es tener la capacidad de supervisar y sancionar a los que infringen su obligación e incluso cometen una conducta ilegal.

El titular de la policía capitalina dijo que se ha reformado el área de Asuntos Internos, donde se llevan audiencias para investigar y sancionar a los agentes.

Para que no haya riesgo de recibir dádivas, se utilizan escritorios y cajones transparentes, además de que el equipo de cómputo se coloca al frente para que no pueda haber más intercambio de información que el necesario, señaló.

En este año de actividades, según el informe presentado, de la actuación policial se derivaron mil 392 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos.

Asimismo, se abrieron más de 2 mil 805 expedientes administrativos y se resolvieron mil 800.

Por otra parte, la SSP informó que en el primer trimestre de este año la policía capitalina detuvo a 5 mil 232 personas por diversos delitos en los centros de Transferencia Modal.

Del total, 73 fueron enviados al MP por posesión de droga, lesiones y robo, principalmente de celulares. El resto fue puesto a disposición del juez cívico por distintas faltas administrativas.