ue una madrugada dominical muy movida. En la Ciudad de México sonó la alerta sísmica y, a pesar de que los estremecimientos físicos fueron imperceptibles en la mayor parte de la metrópoli, la alteración de ánimo sumó inquietud e ironía a las jornadas previas de contingencia ambiental, con restricciones agravadas a la circulación de automotores y la sensación de que el gobierno capitalino carece de un proyecto sensato y de capacidad ejecutiva para resolver los crecientes problemas conurbados.

En San Pedro Pochutla, Oaxaca, se localizó el epicentro del movimiento telúrico que se registró a las primeras dos horas del domingo, con 11 minutos. Pero todavía era sábado, por allí de las 23:30 horas, cuando otra embestida estremecía a la sección 22 del sindicato magisterial y al estado de Oaxaca en general. En términos políticos fue un albazo o madruguete, aunque sucedió no al empezar, sino al terminar un día. Con sigilo, 28 de 42 diputados locales se reunieron para despachar en 15 minutos los trámites necesarios para armonizar las normas educativas estatales con las federales, específicamente al son de lo contenido en la reforma educativa peñista.

A la sesión exprés del congreso oaxaqueño sólo fueron invitados quienes votarían a favor del acompasamiento discretamente programado. Priístas, panistas y algunos perredistas. Los profesores de la 22 estaban en asamblea estatal cuando se enteraron de la maniobra en curso. Cuando llegaron al congreso, los diputados habían despachado la sesión extraordinaria al vapor y ya se habían retirado. De madrugada, el gobernador Gabino Cué y el secretario federal de Educación, Aurelio Nuño, felicitaron a esa facción del congreso oaxaqueño por las medidas adoptadas. La 22 reaccionó airadamente a la nueva declaración de guerra política en la entidad que más resistió a la mencionada armonización legislativa.

También de madrugada, pero con placidez, Enrique Peña Nieto estrenaba en viaje transatlántico el nuevo avión presidencial. Ya no más escalas para reabastecer combustible en un desolado paraje canadiense de fin de continente. Directito, sin escalas, esta vez hasta Berlín, donde le aguardaban para una visita de Estado pero, también, donde se toparía con las protestas en general por la situación en que mantiene a México y, en particular, con las preguntas periodísticas relacionadas con el empresario consentido, Juan Armando Hinojosa Cantú, y su aparición en los Papeles de Panamá que fueron entregados originalmente a un diario de Alemania, país éste de donde EPN pasará a Dinamarca, en la nave aérea que ni Obama tiene.  

Cuando más recia es la embestida de segmentos estadunidenses acaudillados por Donald Trump contra los migrantes mexicanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto se propone disminuir partidas presupuestales para su atención. Por lo pronto, se ha notificado a los consulados mexicanos en el vecino país que deben reducir a la mitad, cuando mucho, las erogaciones para repatriación de restos mortales de paisanos sin solvencia económica. Incluso, en la representación consular podrá promoverse con tacto la posibilidad de utilizar los servicios de cremación, siempre dejando claro que la decisión final es exclusivamente de la familia.

Las instrucciones fueron enviadas mediante la circular con clave PME102357.16, bajo el título de Criterios sobre prácticas administrativas en torno a uso de recursos para apoyos a traslado de restos, enviada el pasado 7. En ella se explica que esos apoyos para repatriaciones absorben 40 por ciento del presupuesto ejercido cada año por la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Extranjero, equivalente a entre 5 y 6 millones de dólares y representa un reducido beneficio en términos relativos para el universo de la población mexicana en Estados Unidos, unos 3 mil 500 casos al año. Por ello, ahora se buscará trasladar cuanto sea posible de esos gastos a los deudos directos y a familiares económicamente activos o con capacidad para conseguir créditos. A los mexicanos en esa circunstancia trágica se les pedirá que llenen un cuestionario que permitirá controlar expectativas de los familiares y de las empresas de servicios funerarios.

La SRE tratará, ahora, de conseguir que haya mayor participación de los empleadores, ONG, Iglesias, bancos y otras instituciones que puedan colaborar en cubrir parte del costo de esos traslados de restos mortales. También se buscarán “esquemas de responsabilidad compartida con las Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Ofam) para que sus labores de ‘apoyo’ (comillas en el original) a migrantes trasciendan la mera referencia de casos, solicitudes de información y/o ‘recomendaciones’ para atención expedita, y avancen hacia esquemas realmente cooperativos con la cancillería en beneficio de la población migrante”. Por ejemplo: Ubicar a familiares en territorio nacional y determinar con mayor precisión la situación socioeconómica, cuando se presuma que el monto de 2 mil dólares pudiera resultar insuficiente y a través de apoyo económico complementario en casos excepcionales (el texto completo de la circular).

Gulp. El priísta Héctor Yunes Landeros ha encargado que le preparen estudios para resolver los problemas de seguridad pública y procuración de justicia en Veracruz, en caso de que gane la minigubernatura posterior a Javier Duarte. Los comisionados son el actual notario público en la Ciudad de México, Ignacio Morales Lechuga, quien fue el poder real, como secretario general de gobierno, con Agustín Acosta Lagunes, y luego fue procurador de justicia del Distrito Federal y procurador general de la República (estos cargos, durante el sexenio salinista), y el almirante Wilfrido Robledo, ex director del Cisen y jefe operativo de la represión en San Salvador Atenco. ¡Hasta mañana!

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