Cuando la policía de Arturo El Negro Durazo allanó en 1977 las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), su padre, Emilio Álvarez Icaza Manero, le dio un consejo: Te podrán pegar, pero jamás permitas que te aplasten.

Tenía 12 años y aquella frase fue un principio orientador, una lección de vida y causa para Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien desde hace 25 años se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, desde que se incorporó al Cencos como un destino manifiesto, una entrañable herencia familiar y una vocación a prueba de todo obstáculo, para generar cambios en México.

Hace cuatro años se convirtió en el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el mes pasado la Procuraduría General de la República (PGR), en un hecho sin precedente en el sistema interamericano, abrió una investigación en su contra, a través de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, con la averiguación previa UEIDFF/FINIM17/123/2016, por un supuesto fraude de más de 2 millones de dólares, vinculado a la investigación sobre el caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Aunque la PGR determinó hace unos días no ejercer acción penal contra él, Álvarez Icaza considera que esta denuncia y la campaña de acoso y difamación contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que colaboran en las pesquisas del llamado caso Iguala, son una señal muy clara del regreso a un “México autoritario.

Si el gobierno mexicano va en sentido contrario a los derechos humanos, va en sentido contrario a la democracia, a un contexto de disminución o menoscabo de ésta. La denuncia en mi contra se consideró parte de esta campaña que busca desacreditar, atacar a la CIDH y a los expertos del GIEI. Ambas son señales muy graves y lamentables, dice en entrevista con La Jornada.

En las semanas recientes ha recibido innumerables muestras de cariño y solidaridad. Su madre, Luz Longoria, también defensora de derechos humanos, le dijo algo que lo fortaleció aún más: Tu padre estaría muy orgulloso de ti.

Su esposa, Raquel Pastor, igualmente vinculada a la defensa y promoción de los derechos humanos, lo alentó a defenderse, al igual que sus hijos: “Estoy rebasado, sobrecogido, sorprendido por las expresiones de cariño, acompañamientos, preocupación y solidaridad.

Tuve una reunión con organizaciones de unos 15 países, la cual empezó con expresiones de solidaridad hacia mi persona. Fue muy bonito. Estoy agradecido y fortalecido, indicó.

El autoritarismo

Mientras se iniciaron las reuniones privadas entre el gobierno mexicano y la CIDH en el contexto del 157 periodo de sesiones celebradas en Washington, en México la PGR desestimaba la denuncia en su contra: Lo que preocupa es que a una denuncia temeraria e infundada le hayan dado entrada. Eso, en sí mismo, parece un mensaje, dice Álvarez Icaza Longoria.

–¿Cuál es el mensaje?

–Es un mensaje en contra de la CIDH, del GIEI, del secretario ejecutivo, del movimiento de derechos humanos.

“El hecho de atacar al secretario ejecutivo no tiene precedente en el sistema interamericano. No ha habido casos así. Ni durante las dictaduras militares se ha presentado una denuncia contra el secretario ejecutivo y menos en un caso solicitado por el propio Estado.

Si hubo una acción legal en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, ¿qué pueden esperar los defensores de derechos humanos en México? Un defensor que este metido en la sierra, por ejemplo.

–¿Es contradictorio que el Estado mexicano solicita la presencia de expertos del GIEI y es el que propicia esta campaña de difamación?

–No sólo lo pide el Estado, sino que lo firman funcionarios mexicanos de alto nivel: dos subsecretarios y una subprocuradora. Fue el Estado mexicano el que solicitó la asistencia y ahora hay un contexto donde se descalifica.

Si no se generan las medidas de respaldo al trabajo a los expertos de manera categórica y fuerte, es un asunto de mucha preocupación. Es muy cuestionable buscar desacreditar con quienes te sientas a trabajar y cuyas recomendaciones están siendo atendidas en la lógica de saber qué pasó con los 43 muchachos de Ayotzinapa.

–¿Y como entendió la denuncia contra usted?

–Fue un mensaje inhibidor en el trabajo de defender los derechos humanos. Es muy grave.

–¿A qué atribuye los dardos contra usted?

–Son formas de rechazo muy en contrasentido a la lógica que debe imperar en una cooperación internacional de derechos humanos acorde con las obligaciones internacionales de un Estado y acorde a su propia Constitución.

–La acusación concreta era sobre los gastos de esos 2 millones de dólares...

–Esa es la parte temeraria e infundada, porque se ha informado la evolución de los gastos al Estado mexicano. Tan es así que no sabemos cómo se han filtrado esos informes a algunos periódicos. Eso ni siquiera es motivo de debate.

–¿Por qué no?

–No vamos entrar al debate de demostrar la honorabilidad de los expertos del GIEI. Por supuesto que se han dado los informes de gastos; se dará todo cuando termine, es parte de las reglas de operación de la CIDH. Todo está debidamente comprobado. Y ya se han hecho informes parciales de cómo va evolucionando el gasto, pero si generan una discusión porque no se comparte lo que hacen los expertos, diciendo que el dinero que se dio no está bien gastado, que son unos pillos y por lo tanto hay fraude, eso va más allá de lo ridículo.

–¿La denuncia fue una venganza por el informe demoledor de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México?

–La CIDH hizo un diagnóstico sobre una situación de crisis de derechos humanos que vive México. No es el único organismo internacional que ha expresado su preocupación en ese tono. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas lo dijo, el relator para tortura expresó sus preocupaciones, el Comité para Desapariciones Forzadas manifestó algo similar, Amnistía Internacional se ha pronunciado, Human Rights Watch se ha manifestado; incluso el Departamento de Estado estadunidense suspendió el componente de derechos humanos de la Iniciativa Merida... cada quien en sus términos y en su competencia han coincidido en el diagnóstico de la crisis de derechos humanos en México, no es un tema sólo de la CIDH.

–¿Qué puede destacar de esta crisis?

–Las violaciones graves, las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los excesos en el uso de la fuerza, la debilidad del aparato de justicia, que tiene condiciones de impunidad estructural, y algunos temas sobre incapacidad del Estado para responder en términos de justicia a las víctimas. Además están los altísimos números sobre la falta de juicios, sanciones y denuncias... es un problema de impunidad muy severo.

–¿Qué significan estas cuatro palabras para usted: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato?

–Son casos paradigmáticos muy graves que han significado hechos muy preocupantes, algunos de ellos están en situación de investigación y no me puedo pronunciar sobre el particular porque pueden llegar a la comisión. Hay elementos para suponer responsabilidad estatal. En algunos de ellos no cabe duda, como en el caso de Ayotzinapa, donde es reconocido que se trata de desaparición forzada, o en Tlatlaya, con participación de las fuerzas armadas; en las otras dos participación de fuerzas del orden federal del Estado.

–¿Cuál es el futuro del caso Ayotzinapa?

–La CIDH no se ha aproximado al fondo del caso, todavía estamos en el ámbito de la medida cautelar. Se tiene prevista una reunión con el GIEI. Los peticionarios han solicitado formalmente la continuación de la asistencia técnica. Se va a escuchar lo que tengan que decir los expertos y lo que tenga que decir el Estado.

–El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio por terminado el segundo periodo de los expertos, cuando en realidad es la CIDH la que debe decidirlo...

–Lo que se firmó es que la CIDH, en consulta con las partes, es la que decide. Nosotros formalmente no hemos sido notificados.

–¿Hay posibilidad de que continúe la labor del GIEI?

–La comisión ha manifestado el interés de asistir y ayudar. Por eso preocupa tanto que se esté dando esta campaña en contra de los expertos, aunque honestamente creo que el debate no es sobre ellos; el debate es sobre qué pasa y dónde están los 43 muchachos. Eso es lo principal.

–¿Adónde se encamina México si esto sigue así y no se corrige el rumbo?

–Veo problemas que el informe de la CIDH refleja con mucha gravedad. La no atención de eso, lo único que va a hacer es ahondar la crisis de derechos humanos. El sentido de los informes es que se atiendan, que se colabore en su solución. No atender esas señales lo único que hará es que el problema sea mucho mayor, más grave y más difícil de resolver.

Volver al país

Álvarez Icaza ya hizo pública una carta donde anuncia que no se presentará a la relección de la secretaría ejecutiva de la CIDH, porque prefiere volver a México: “Me duele mucho lo que sucede en mi país, y esa es una de las principales razones por las que decido dejar la secretaría ejecutiva. Las visitas fueron muy fuertes, los testimonios de las víctimas muy dolorosos. Recorrer las fosas clandestinas, los testimonios de los padres buscando a sus hijos, a sus familiares y los mecanismos tan rudimentarios, la experiencia en Iguala con los familiares fue muy triste.

–Parece que hay gente que prefiere que usted no vuelva...

–Con o sin su parecer, yo estaré en México. Tuve muy buena escuela con mis padres; he aprendido mucho de las víctimas. Bajo ese principio, he guiado mi vida y así voy a seguir. No sólo es un tema mío, es algo que tiene que ver con la búsqueda de justicia, la dignidad de las víctimas, con cambiar las cosas que están mal y no son aceptables en México. Limitar y amenazar a los defensores de derechos humanos busca inhibir su trabajo y que se echen para atrás. No es el caso.

–¿Después de lo sucedido, se va a replantear regresar?

–Por ningún motivo; al contrario, les guste o no, yo voy a regresar.