l pasado miércoles, y a lo largo de poco más de cinco interminables horas, Jovair Arantes, un veterano y absolutamente oscuro diputado, leyó las 128 páginas de su informe sobre el pedido de apertura de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Su voz se fue desvaneciendo poco a poco, y al final estaba casi afónico. Con un hilito de voz ronca aprobó el juicio.

Lo que más llamó la atención en su lectura, sin embargo, no fue la falta de voz, sino la cantidad de tropiezos que tuvo, principalmente cuando mencionaba a algún jurista famoso o se detenía en la palabra jurisprudencia. Se entiende: el diputado Arantes es dentista de profesión, y su familiaridad con la ciencia del derecho es comparable a la de un habitante del Sahara con el hielo.

El verdadero autor del informe se llama Renato Oliveira Campos, conocido abogado, que tiene a su cargo montañas de procesos judiciales abiertos contra integrantes del mismo Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que hasta hace poco era el principal (y más infiel) aliado del gobierno. Es muy vinculado a Michel Temer, el vicepresidente que tiene puestos los ojos en el cargo si Dilma Rousseff es destituida de la presidencia de la nación.

Esa es solamente una de las vertientes de la muy enredada conducción que Eduardo Cunha, reo en el Supremo Tribunal Federal e investigado en ocho otras causas por corrupción, evasión fiscal y de divisas, así como otros delitos similares, impone al juicio político de la presidenta brasileña. Como era absolutamente esperado, Jovair Arantes, relator del caso, recomendó la apertura del juicio a Dilma.

El viernes se inició el debate de su informe. Nada menos que 108 diputados, o sea, 43 más de los que integran la comisión especial encargada de votar la eventual aceptación del informe, se inscribieron para hablar. Luego de mucho griterío, el debate empezó poco después de las cuatro de la tarde. La expectativa era de que la sesión avanzase hasta las tres de la madrugada del sábado.

El nivel intelectual de los integrantes de la comi-sión especial permitió que se registrasen escenas de comedia bufa. Un ejemplo, entre docenas: en lugar de discutir las pesadas acusaciones contenidas en el informe leído por el dentista-diputado, se argumentó, para justificar la destitución de Dilma Rousseff, que la proliferación del mosquito Aedes aegypti, con la consecuente y harta distribución de virus diversos, era prueba de que el gobierno no puede seguir en manos de la mandataria electa por 54 millones de brasileños.

Todos los que participaron del debate, criticando o defendiendo el texto leído por el relator, sabían claramente que se trataba de un simple juego de palabras.

Mañana se votará en la comisión especial. Gobierno y oposición consideran seguro que el informe será aprobado. El futuro dependerá, entonces, de la votación en el pleno de la Cámara, con fecha todavía indeterminada, pero que deberá ocurrir pronto, en las próximas semanas como plazo máximo.

Para esa batalla, apoyadores y opositores de Dilma Rousseff tratan de conquistar los votos necesarios y mantenerla en su cargo o alejarla del sillón presidencial. El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que pese al desgaste sufrido por su imagen sigue siendo la principal figura política del país, actúa de manera incesante, capitaneando el bloque de ministros que ofrecen oro, incienso y mirra a los indecisos.

Hoy por hoy, la oposición no dispone de votos suficientes para alcanzar su objetivo. El PMDB, bajo el liderazgo de Michel Miguel Elías Temer, está como siempre estuvo: dividido. El aparatoso anuncio de ruptura capitaneado por el vice que quiere ser presidente no resultó: todavía hay muchos parlamentarios que se dicen contrarios al impeachment.

Hay, sin embargo, más nubarrones pesados en el cielo de otro campo de batalla, el judicial. Las filtraciones altamente selectivas de declaraciones de altos ejecutivos de constructoras que corrompieron a políticos y altos funcionarios de la estatal Petrobras siguen goteando, un día sí y el otro también, complicando la situación del Partido del Trabajo y, claro, de la presidenta. El pasado jueves el ex presidente de la Andrade Gutierrez, segunda mayor constructora brasileña, admitió que en 2014 hubo donaciones ilegales para la campaña de Dilma Rousseff y su vice, Michel Temer.

Que se divulguen de manera ilegal declaraciones supuestamente bajo sigilo judicial es parte de la trama cuyo objetivo es debilitar aún más a la presidenta. Esta vez con un elemento extra que lo hace más complejo: el Tribunal Superior Electoral analiza el caso. Si acepta como válidas denuncias como ésas, se impugnará no sólo a la presidenta, también al vicepresidente. Nuevas elecciones serán convocadas.

Habrá que explicar, desde luego, por qué una donación al candidato de oposición, el derrotado Aecio Neves, fue legal y otra, idéntica, a la candidatura PT-PMDB, fue ilegal.

Pero la verdad es que en el actual –y muy convulsionado– escenario político brasileño, explicaciones lógicas no encuentran espacio, no son requeridas.

Lo que prevalece es la saña desenfrenada de quienes quieren destituir a la presidenta.