San Cristóbal de las Casas, Chis.

Representantes de más de 60 comunidades de siete municipios del norte y la selva de Chiapas y del Frente Petenero Contra Represas de Guatemala se pronunciaron contra la construcción de la presa hidroeléctrica binacional Boca del Cerro, en el río Usumacinta, pues señalaron que invadirá sus tierras y las comunidades serán desalojadas.

En un pronunciamiento divulgado este sábado, los casi 300 asistentes al cuarto Foro de resistencias y alternativas de los pueblos de la zona norte de Chiapas dijeron que ya se iniciaron los trabajos con la construcción de los muros de contención en ambos lados del Usumacinta, que divide a México de Guatemala, en una extensión de 40 kilómetros.

El encuentro, convocado por la Organización de la Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo de la Región Norte, adherente de la Sexta declaración de la Selva Lacandona, se realizó el 6 y 7 de abril en el ejido Victórico Grajales, Palenque, Chiapas, uno de los municipios afectados junto con Tenosique, Tabasco, además de comunidades del departamento de El Petén, Guatemala.

La hidroeléctrica binacional Boca del Cerro es una de las cinco presas planeadas en la cuenca que divide a México de Guatemala. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las obras se planean para cuatro años y tendrá una cortina de 55.5 metros de altura máxima.

La superficie total del embalse contempla mil 799 hectáreas, de ellas 707 corresponden al municipio de Tenosique y mil 92 al de Palenque.

Los asistentes al foro señalaron que el inicio de la obra provocará que en lo inmediato desaparezca la comunidad de San Carlos Boca del Cerro, Tenosique, pues se convertirá en oficinas y campamento de la empresa que construye la cortina de la represa.

Su preocupación, manifestaron, es porque además de todos los daños que les ocasionará la hidroeléctrica, el gobierno no nos indemnizará por nuestras tierras, aumentará el costo de la vida y desapareceremos como pueblos indígenas choles y tzeltales de la región.

Aseguraron que el gobierno federal les impone la represa y viola el artículo 2 de la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refiere a la autonomía de los pueblos originarios y su derecho a la consulta.

Por lo anterior, se comprometieron a aplicar un plan de trabajo para detener la construcción de la presa Boca del Cerro y se solidarizaron con las acciones de organizaciones hermanas que luchan por detener los proyectos mineros, carreteros, hidroeléctricos y expulsar de nuestras tierras a los grandes empresarios que quieran despojarnos de nuestras tierras.

Informaron que acordaron aplicar acciones que les permiten poner en práctica el control y cuidado de su territorio, pues dicho proyecto contaminará el río y la pesca.

También se pronunciaron en contra de la construcción de más represas proyectadas en territorio chiapaneco, porque afectarán la vida de los pueblos, y las ganancias que generarán servirán para enriquecer a las empresas extranjeras, resultado de la reforma energética, a costa del desalojo de nuestros pueblos y de nuestras tierras.

De paso exigieron justicia por el asesinato de la activista Berta Cáceres Flores, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y por el respeto de los derechos humanos y la vida de los que luchamos contra los megaproyectos y contra las represas, en México, Centroamérica y otros lugares del mundo.