Madrid.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) no buscan ni han realizado trámite o gestión alguna para localizar y en su caso detener a Diego Gabriel Cruz Alonso, presunto violador de una menor de edad en Veracruz, quien huyó el pasado 28 de marzo a España.

Tal como publicó ayer La Jornada, el agresor de la joven Daphne viajó a Madrid en un vuelo regular de Aeroméxico y entró sin problema en España al no tener ningún tipo de requerimiento policial o penal en su contra.

Desde la llegada del presunto agresor sexual a Madrid su rastro se perdió y nadie, salvo sus familiares y quizá sus amigos más cercanos, saben dónde se encuentra. Al ingresar a España tiene toda la zona Schengen, que son 22 de los 28 países de la Unión Europea (UE), para moverse sin necesidad de pasar zonas fronterizas; si acaso deberá sujetarse a algún control de identificación por razones de seguridad, más ahora que la región está en el nivel 4 de alerta por los recientes atentados terroristas.

Una vez que llegó a Madrid el presunto violador de Boca del Río, se pudo trasladar a cualquier país o ciudad de los 22 estados europeos. En la embajada de México en España, encabezada por Roberta Lajous, se informó que hasta el momento no han recibido ningún requerimiento, instrucción, directriz u orden en relación con este asunto tan sensible y que ha provocado indignación en nuestro país. Asimismo, ni la legación ni la representación de la PGR en el país ibérico han realizado ninguna gestión para detener al presunto delincuente.

¿Y Veracruz?

El gobierno de México sigue a la espera de que las autoridades judiciales del estado de Veracruz giren la orden e instruyan el caso de la violación múltiple contra la joven Daphne, pero mientras tanto uno de los cuatro agresores ha huido a España y otro, Enrique Capitaine, supuestamente se refugió en Estados Unidos; no se les busca ni se les persigue por parte de ninguna autoridad policial ni judicial.

Una fuente de la policía española explicó a La Jornada que si ellos no son notificados de manera oficial, por conducto de los canales adecuados, es decir, los cauces diplomáticos habituales, no pueden identificar, perseguir ‘‘ni mucho menos detener’’ a un ciudadano mexicano que habría entrado como turista y que no tiene ninguna causa pendiente en el Estado español.

Con esta situación, tampoco la policía española tiene ningún tipo de orden o requerimiento para rastrear o detener al presunto agresor.