Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron una abierta política de descrédito y hostilidad en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), funcionarios y organizaciones cercanas, propiciada o en muchos casos tolerada por el gobierno mexicano.

Desde su perspectiva, esta actitud reciente constituye una forma de obstaculizar el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y de minar la autonomía e independencia de los organismos internacionales, en particular de la CIDH.

En un pronunciamiento colectivo, el Centro de Estudios Sociales y Legales; Fundación para el Debido Proceso; Dejusticia; Conectas, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, expresaron su preocupación por el rompimiento de acuerdos de trabajo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH para el caso Ayotzinapa, así como la campaña de descrédito en su contra.

Integradas en una alianza regional que hace seis años trabaja en pro del fortalecimiento de la autonomía e independencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las organizaciones internacionales expresaron su inconformidad con esta actitud del gobierno mexicano en contra de la labor de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, y la posibilidad de que se inicie una investigación penal en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

Las cinco organizaciones, de reconocido prestigio internacional, destacaron que un diálogo constructivo debe permitir siempre un espacio para disentir. ‘‘Sin embargo –dijeron–, esto debe enfocarse y sustentarse en un debate de buena fe, sobre la base de argumentos de fondo, y no en el descrédito del o los mensajeros’’.

El pronunciamiento se da en medio de un desencuentro entre el grupo de expertos y el gobierno nacional, derivado de la ‘‘difusión unilateral’’ por parte de autoridades de la Procuraduría General de la República de un peritaje ‘‘no conclusivo’’ sobre el basurero de Cocula, Guerrero, donde, según la versión oficial, fueron incinerados y ejecutados los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.