Washington.

En una sesión ríspida, integrantes del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron severamente al gobierno mexicano no sólo por los ataques directos en contra de uno de sus funcionarios, sino también por la forma negativa en que ha reaccionado al informe crítico sobre la grave situación que priva en el país en materia de derechos humanos.

En un tono particularmente duro, el comisionado Enrique Gil Botero dijo que desconocer que hay situaciones de violación a estos derechos es quebrantar el principio de realidad. Esta actitud, añadió, ‘‘es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia’’.

Por su parte, el comisionado Paulo Vannuchi denunció un ‘‘fuerte ataque de autoridades públicas de México’’ a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, y el ‘‘daño irreparable’’ infligido a su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

‘‘Es un poco cobarde porque debía ser un ataque a la comisión. Todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados’’, añadió.

Vannuchi reconoció que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto rechazó la denuncia, pero destacó que el caso servía para desestimular que instituciones públicas de México y otros países acepten ese tipo de acusaciones.

Así, en la primera de cuatro audiencias públicas sobre casos en México, dedicada a una revisión general de los derechos humanos en el país, la CIDH le pasó cuentas a México por el ‘‘fuerte ataque’’ a su secretario ejecutivo y las críticas lanzadas contra un grupo de expertos del organismo que investigan la de-saparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En un principio, durante el desarrollo de la audiencia, las organizaciones civiles y representantes del gobierno mexicano discutían la situación de las garantías en México, pero las acusaciones contra el órgano de derechos humanos salieron a colación.

Hace unas semanas, en una denuncia que la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó y luego desestimó, un ciudadano acusó al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, de ‘‘fraude’’ en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas. El mismo secretario ejecutivo ha reclamado que existe una ‘‘campaña de desprestigio’’ en México contra los integrantes del GIEI, que investigan lo ocurrido con los estudiantes.

Y aunque el gobierno mexicano ha elogiado la investigación y las recomendaciones de los expertos, la labor del grupo no ha estado exenta de enfrentamientos y diferencias con las instituciones mexicanas.

Apenas el miércoles pasado, el GIEI advirtió que romperá con la Procuraduría General de la República (PGR) si no aclara las dudas sobre un nuevo peritaje al basurero de Cocula, con lo que se busca validar la versión oficial presentada en noviembre de 2014, según la cual los jóvenes fueron atacados por policías de Iguala y entregados a sicarios del cártel Guerreros unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos en dicho basurero. Sin embargo, este nuevo peritaje es ‘‘preliminar’’.

En otras sesiones sobre México –en el contexto de la 157 sesión de la CIDH– se abordaron como temas específicos como los derechos de las personas privadas de la libertad y la privatización del sistema penitenciario; las desapariciones de menores de edad, y el acceso a la información y restricciones indirectas a la libertad de expresión.

Sólo la primera fue solicitada por el gobierno mexicano; las tres restantes fueron solicitadas por organizaciones nacionales de la sociedad civil.

Libertad de expresión

Por otra parte, los comisionados y Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, hicieron una serie de cuestionamientos al gobierno mexicano sobre el tema de la libertad de expresión, a los cuales el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, se comprometió a responder por escrito.

El relator pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que se le permita a él, junto con el relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, hacer una visita a México para abordar y observar el tema de la falta de transparencia, acoso a la prensa y asesinato de periodistas, en una fecha que podría ubicarse en el segundo semestre del presente año, probablemente en septiembre, según propuso.