Buenos Aires.

El presidente de Argentina, el derechista Mauricio Macri, manifestó la tarde de este jueves que se mantiene tranquilo porque cumplió con la ley, que no riene nada que ocultar y está dispuesto a responder ante un juez, en momentos en que el fiscal federal, Federico Delgado, anunció una acción penal contra el mandatario por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada, ante la revelación de su participación en dos empresas offshore en Panamá y Bahamas.

Macri salió a responder cuatro días después de que apareció involucrado en los documentos de los llamados papeles de Panamá, en los que figura al frente de dos empresas offshore: Fleg Trading y Kagemusha, así como en otras donde aparece junto a su hermano Mariano.

El fiscal Delgado envió un requerimiento al juez Sebastián Casanello para que revise una serie de medidas de prueba, y planteó que se investigue si se pudieron haber cometido otros delitos.

El miércoles, el diputado Darío Martínez, del opositor Frente para la Victoria, presentó una denuncia contra el mandatario por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

Delgado sostuvo que como primer paso había que determinar si Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada y, en entrevista con una estación de radio local, sugirió que se soliciten los textos investigados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que difundió el pasado domingo Los papeles de Panamá.

También se solicitarán a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas de Macri, y se pedirá al titular del organismo, Alberto Abad, un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades offshore.

Como primer paso hay que chequear si Macri, con intención y voluntad, omitió declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante, dijo el fiscal Delgado.

En tanto, el presidente defraudó las expectativas durante su aparición en el salón Blanco de la Casa Rosada, sede del gobiermo, donde estuvo acompañado por la mayoría de su gabinete. Se le veía nervioso y se advirtió a la prensa que no se permitirían preguntas.

Macri se limitó a decir: No era accionista, no recibí ningún tipo de retribución y realicé la declaración en mi primer día como funcionario público.

La legisladora Gabriela Cerruti denunció ocultamientos

Sin embargo, desde hace tiempo hay una demanda judicial presentada por la legisladora Gabriela Cerrutti, de Nuevo Encuentro, quien denunció una serie de ocultamientos en la declaración jurada.

Después Macri dijo que pensaba crear un fideicomiso ciego, por medio del cual cede la administración de los bienes a un tercero independiente como garantía de transparencia. Aunque esto es un paso difícil de aplicar.

Asimismo, sostuvo que se presentará este viernes ante la justicia civil para solicitar una declaración de certeza para que un juez verifique que lo que he dicho es verdad y que no hubo una omisión maliciosa en mi declaración.

Señaló que había entregado toda la documentación ante la Oficina Anticorrupción, cuya titularidad ejerce una ex diputada del partido de Macri, Propuesta Republicana, Laura Alonso, cuya renuncia exigen tanto la oposición como algunos asociados de la propia alianza oficialista Cambiemos.

El mandatario emitió un decreto para poder nombrar a Alonso –integrante de varias fundaciones y organizaciones no gubernamentales financiadas por Estados Unidos–, ya que sólo podía ocupar ese cargo un abogado, por lo que tuvo que modificar los estatutos para designarla.

Alonso salió en defensa de Macri desde el primer momento, al considerar que no era ilegal tener una empresa offshore. En estas horas el gobierno filtró la declaración jurada del padre del presidente, Franco Macri, pero esto no tiene valor para revertir la situación del mandatario.

Además, sólo hay referencias a una de las empresas y hasta ahora nada se ha mencionado sobre Kagemusha, donde Macri figura como vicepresidente, de acuerdo con el Registro Público de Panamá.

El gobernante y su padre habían sido procesados por contrabando de autopartes vía Uruguay, apelando a la empresa fantasma Opalsen SA. La causa se inició en 1997, al descubrirse que la Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica (Sevel Argentina) vendía autopartes a Sevel Uruguay; es decir, que se autovendía, para luego reingresarlas, de modo que importaba con un arancel diferencial de dos por ciento y después cobraba rembolsos por exportaciones.

El expediente fue sobreseído por una Corte Suprema amiga. Otras causas serán citadas en las actuales investigaciones.