ras las revelaciones de los llamados Panama papers el presidente Barack Obama hizo pública su preocupación, porque los países no deberían permitir que sea legal involucrarse en transacciones solo para evadir impuestos, y resaltó que tales develaciones obligan a las autoridades nacionales a no permitir esas prácticas. Un tono similar han utilizado –antes y ahora– distintos mandatarios y autoridades tributarias alrededor del mundo pero, como siempre, tales advertencias no trascienden el discurso y los paraísos fiscales crecen como la espuma.

De hecho, si el presidente Obama se fijara no en Panamá sino en su propio país, descubriría que Estados Unidos aportó un número mayor de intermediarios financieros que colaboraron con el bufete panameño Mossack-Fonseca (617 contra 558 de la nación istmeña), de tal suerte que las lágrimas de cocodrilo se mantienen como uno de los principales componentes del discurso político.

Para no ir más lejos, el consorcio mediático Rusia Today (RT) divulgó que el portal Statista, que proporciona acceso a datos de instituciones de investigación de mercado y opinión, publicó el número de intermediarios que cooperan con Mossack-Fonseca, el cual “trabajó con más de 14 mil bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios para establecer más de 210 mil empresas y fundaciones fantasma para los clientes en paraísos fiscales, las llamadas offshore”.

¿Qué países encabezan la lista de intermediarios colaboradores en el caso de los Panama papers? Hong Kong (con 2 mil 212), Reino Unido (mil 924), Suiza (mil 223) y Estados Unidos (617). En orden descendente aparecen Panamá (558), Guatemala (444), Luxemburgo (405), Brasil (403), Ecuador (324) y Uruguay (298).

Lo anterior, desde luego, sin olvidar a los bancos trasnacionales, sin cuya participación el trasiego de dinero y la evasión fiscal no serían posibles. Allí está el caso de los gigantes españoles BBVA, Santander y Sabadell que, como bien apunta La Jornada (Armando G. Tejeda), “colaboraron con algunos de sus clientes para facilitar que evadieran impuestos a través de los paraísos fiscales, según se revela en los Panama papers… Eran necesarios los grandes bancos del mundo para mover enormes cantidades de dinero en los años recientes, con el único objetivo de evadir impuestos lo más posible”.

Y mientras los dirigentes se quejan por prácticas offshore de terceros países –sin mencionar que en sus propias naciones es algo cotidiano–, la ONG Oxfam (Justicia fiscal para reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe) advierte que los delincuentes de cuello blanco que llevan a cabo delitos económicos abundan en la región.

Los paraísos fiscales, subraya, son un claro incentivo a la evasión y elusión tributaria, y el auténtico agujero negro de las finanzas públicas. Más allá de la baja o nula tributación que aplican, el problema esencial de estas jurisdicciones radica en su opacidad, las facilidades para la constitución de empresas pantallas junto con la falta de cooperación fiscal entre las administraciones tributarias (ausencia aún de protocolos efectivos de intercambio de información fiscal y opacidad vía secreto bancario). La existencia de este tipo de jurisdicciones facilita prácticas como la manipulación de los precios de transferencia, mediante un subdimensionamiento de ventas y el sobredimensionamiento de gastos artificialmente derivados hacia paraísos fiscales entre empresas del mismo grupo, con el fin de reducir la base gravable. Se estima que la subvaloración de ventas para eludir obligaciones fiscales en países como Panamá alcanza alrededor de 40 por ciento de las cifras totales de ventas.

Adicionalmente, la ausencia de información financiera por parte de las empresas sobre las operaciones que desarrollan en países terceros impide seguir la pista a esquemas de planificación fiscal agresiva, que son extremadamente dañinos para las arcas públicas. Estos esquemas suelen utilizarse para desplazar artificialmente las ganancias hacia jurisdicciones de baja o nula tributación en las que, como se señaló anteriormente, predomina la opacidad y la falta de cooperación fiscal.

La existencia de paraísos fiscales, la opacidad del sistema financiero global y el abuso de las empresas trasnacionales en particular, no sólo merman la capacidad recaudatoria de los países de la región, sino que reducen el margen de maniobra para avanzar sobre políticas progresivas. La cuestión es que el capital, en su versión más móvil, se aprovecha de los resquicios de opacidad y permisibilidad del sistema financiero internacional para diluirse y drenar las arcas públicas. Hecho que complica aún más los intentos por recaudar ingresos públicos provenientes de los segmentos más adinerados de la región.

A pesar de la sangría de recursos, América Latina y el Caribe no tiene desarrollados mecanismos de cooperación fiscal entre administraciones tributarias (incluyendo los paraísos fiscales) ni en el interior de la región ni con el resto del mundo, lo que supone serias limitaciones para combatir la evasión y elusión fiscal.

Oxfam detalla que en la región la evasión y elusión fiscales son elevadas, y estas fugas se concentran principalmente en el impuesto a la renta personal y de las empresas. Un estudio reciente sobre estimaciones de evasión del impuesto sobre la renta en países de América Latina y el Caribe encuentra niveles considerables, que oscilan entre 46 por ciento en México y 65 por ciento en Ecuador, en el caso de las empresas, y entre 33 (Perú) y 70 por ciento (Guatemala) en el caso de las personas físicas, por encima del IVA.

Puntualiza que no obstante el notable esfuerzo por una mayor profesionalización de las administraciones tributarias, la pobre cultura fiscal (que en muchos casos responde a la falta de credibilidad en la gestión gubernamental), la insuficiencia e inefectividad de los sistemas de control internos y la impunidad de los delitos fiscales juegan en contra de la efectividad de las instancias encargadas de la recaudación de impuestos en la región. En promedio, sólo tres de cada 100 contribuyentes están sujetos a alguna fiscalización de sus declaraciones de impuestos, y tan sólo se procesan tres sentencias por delito tributario por año en promedio en cada país latinoamericano.

Las rebanadas del pastel

Ayer, al cierre de la jornada financiera se incrementó el tipo de cambio a 18.16 por uno; avanzó mínimamente el precio del barril mexicano de exportación (se vendió a 29.04 dólares), y se redujo el principal indicador del mercado bursátil nacional (0.51 por ciento).

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