l Estado mexicano fue acusado ayer en Washington de sufrir un principio de esquizofrenia en materia de protección y defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmaba que no hay rompimiento con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Procuraduría General de la República anunciaba que en fecha próxima habrá una reunión para definir el futuro de ese grupo de expertos, y la vocería de Los Pinos tajantemente daba por terminada la relación con estos.

Los problemas de personalidad del Estado mexicano fueron expuestos durante un periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la capital estadunidense, donde abundaron los señalamientos de violencia criminal practicada por el aparato institucional mexicano contra sus habitantes. Ante las acusaciones, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores de la administración federal, de manera solemne e impasible dibujó en la reunión encabezada por James Cavallaro (presidente de la CIDH) una Peñalandia cargada de colores justicieros, leyes respetadísimas y cumplidas, instituciones honestas y eficaces, vigencia absoluta de los derechos humanos, libertad de prensa floreciente y bellezas de corte similar, disponibles a plenitud en el Banco de la Demagogia. Eso sí, reconoció el subsecretario Ruiz Cabañas, cuando suceden excepciones a la regla, y se reportan secuestros, torturas, asesinatos, presiones al ejercicio del periodismo, distorsiones del sistema de justicia y demás hipótesis infrecuentes, el propio Estado investiga, procesa y sentencia lo que corresponda. El uso de la fuerza militar, por ejemplo, dijo el funcionario, se regula conforme a los estándares internacionales.

La desfachatada postura del Estado mexicano, a través de su representante caradura, llevó a uno de los comisionados de la CIDH, Enrique Gil Botero, a declarar abiertamente que, al desconocer el Estado mexicano que hay una grave situación de derechos humanos en el país, pareciera que es un principio de esquizofrenia. Este término médico es referido en el diccionario de la Real Academia Española como el grupo de enfermedades mentales correspondientes a la antigua demencia precoz, que se declaran hacia la pubertad y se caracterizan por una disociación específica de las funciones síquicas, que conduce, en los casos graves, a una demencia incurable. Los lectores de esta columna con predisposición clínica, ¿rechazan o comparten un diagnóstico así para ser aplicado a la cúpula de la administración federal en curso, que en los hechos no ejerce sólo el gobierno, sino el control del Estado?

En el asunto específico del GIEI, con el gobierno peñista expresando tres posturas con matices diferentes, la decisión de fondo está tomada. El Estado mexicano, presunto esquizoide, ha decidido cerrar la puerta a las indagaciones internacionales que no pueda controlar. Al costo que sea, incluso el del ridículo y la vergüenza más allá de las fronteras, el peñismo se va decantando por el aislamiento autocomplaciente, al estilo de los autoritarismos históricos que han rechazado e incluso perseguido a quienes con legitimidad jurídica, como el caso del GIEI o el relator de la ONU para casos de tortura, preguntan, indagan, documentan y prueban abusos y crímenes contra la población.

Como muestra de esa vocación expulsora, se ha incrementado el volumen de linchamiento público contra los miembros del GIEI. La maniobra más reciente ha sido la de pretender declararlos mediáticamente fuera del caso Iguala por decisión de ellos, casi por un berrinche o pataleta, cuando los expertos lo que han hecho es denunciar el aprovechamiento tramposo de los resultados sin consenso de un estudio sobre fuego en un basurero de Cocula y, respecto a ese punto específico, la decisión de no colaborar más en ese plano ígneo ya desacreditado. Al mismo tiempo, se ha sostenido una campaña de Internet contra los familiares de los 43 desaparecidos y abogados de la causa, mediante mensajes en cascada, robotizados, que les acusan de recibir dinero de narcotraficantes y les colocan en circunstancias de justificar una eventual agresión como si fuera parte de ajustes de cuentas entre delincuentes.

Otro caradura institucional, Jesús Murillo Karam, compareció ante comisiones de legisladores federales. Sonriente, quejándose de que lo único que le duele a estas alturas es un callo en un pie, el constructor de la mentira histórica sobre Iguala tuvo a bien reivindicar su conclusión funeraria a partir del tercer peritaje que habla de 17 incinerados en el tiradero de Cocula, sin demostrar si esas presuntas evidencias corresponden a los 43 normalistas o a otros sucesos. En estos días también serán informados los familiares de los desaparecidos respecto a los resultados de los estudios encargados a investigadores europeos para determinar si los restos puestos al escrutinio de su ciencia confirman muertes de normalistas.

En esa misma sesión de la CIDH participó Carmen Aristegui para dar con su propio ejemplo una constancia de las presiones y retorcimientos con que el ejercicio periodístico es condicionado y sometido en México. Se habló en particular del mecanismo ya tradicional de sujeción de los medios de comunicación a través del manejo discrecional de las partidas presupuestales de publicidad, premiando con largueza a quienes aceptan los dictados oficiales y castigando a los no alineados o medianamente desalineados, no sólo con la supresión absoluta de esa disponibilidad presupuestal, sino también, de manera socarrona, con el pago muy retardado de publicidad contratada y ejercida, en un ahorcamiento financiero que deja a los medios sin liquidez y en circunstancia de pedir ayudas liberadoras de pagos que conllevan compromisos respecto a líneas editoriales. Sobre esos temas, es probable que en el segundo semestre de este año visiten México un comisionado de la CIDH y un relator sobre asuntos de libertad de expresión de la ONU, para palpar la realidad periodística nacional. ¡Hasta el próximo lunes!

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