El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el esquema de asignación de diputaciones en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en función de los resultados de la elección. Se trata de un modelo que involucrará cuatro fases, incluida la relacionada con el retiro del lugar, cuando candidatos independientes o partidos políticos hayan rebasado el tope de gastos de campaña.

Asimismo, al concluir el plazo para quienes estaban interesados en postularse por la vía independiente con la entrega de las 73 mil 792 firmas que los respalde en su registro como candidatos, fueron 38 quienes entregaron la documentación.

Ahora comenzará una segunda fase para que el INE verifique la validez de las 3 millones 456 firmas que en conjunto avalaron la presentación de la solicitud de registro y apruebe su participación en los comicios.

Por otro parte, el instituto firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade), entre otros aspectos, para inhibir que existan prácticas anómalas en el desempeño gubernamental durante el proceso, que pudieran provocar la manipulación de los programas sociales con fines electorales.

Dotar de blindaje

El titular de la Fepade, Santiago Nieto, dijo que se busca que esta elección esté dotada de un blindaje y se conozcan con claridad qué tipos de conductas son sancionadas por la ley. Además, participará en la difusión de los comicios y en otras acciones para apoyar la organización de los comicios, como es ofrecer garantías de seguridad.

Posteriormente, en sesión del Consejo General, se aprobaron los términos de la asignación de espacios para la Asamblea Constituyente, que en una primera fase contemplará la distribución de la votación valida emitida entre 60 para obtener el cociente natural o los votos mínimos que en su caso debieron alcanzar los candidatos independientes para obtener un lugar en ese órgano.

Asignados los espacios para los independientes, se dividirá la votación valida emitida, menos los sufragios de los independientes, para asignarle las diputaciones a los partidos políticos en función de los votos que hayan obtenido. Al término, si quedan aún lugares a distribuir, se ordenará en forma descendente el resto mayor que hayan logrado cada partido, y en función de eso atribuir los espacios restantes.

Sin embargo, en la cuarta fase, la única que desató debate ayer, se abordan las consecuencias de las sanciones en materia de fiscalización en el esquema aprobado la semana pasada. Es decir, por cada sexagésima parte que los partidos hayan rebasado el tope de gastos de campaña –fijado en 20 millones de pesos– se les retirará uno de los espacios que hayan obtenido, sumándose si el rebase es mayor. Esto es, rebasar por 333 mil pesos el tope de gastos.

La apelación de este esquema de sanción por parte de varios partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación provocó críticas de algunos consejeros que solicitaron esperar a que este órgano resuelva las impugnaciones, para posteriormente aprobar la formula de reasignación, pues aún faltan dos semanas para el arranque de la campaña. No fue admitida la argumentación y se aprobó en sus términos.