El cambio en la política de drogas o la regulación de la mariguana no son la panacea en la estrategia contra el crimen y la corrupción en México, advirtió Antonio Mazitelli, representante de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas.

No es cambiando la ley de drogas o regulando la mariguana como habrá mejores prisiones o policías no corruptos, señaló.

Durante el quinto y último foro regional del debate sobre el uso de la mariguana, convocado por el gobierno federal, los especialistas coincidieron en que los consumidores no tienen que ser perseguidos o privados de su libertad. La mayoría de los usuarios de cannabis no son adictos o violentos, comentaron.

Ana María Ibarra, integrante del equipo del ministro Arturo Zaldívar, cuyo proyecto derivó en el amparo a cuatro ciudadanos para el consumo de la mariguana, explicó que se analizaron más de 100 estudios científicos y se concluyó que sí hay daño (por el uso de la sustancia), pero menos de lo que se pensaba. Desde el punto de vista constitucional –dijo–, el nivel legal de posesión para consumo (5 gramos) no es suficiente.

Subrayó que la prohibición absoluta de esta droga es una decisión desmedida; de ahí que cualquier regulación tiene que partir de la libertad de las personas.

Eduardo Guerrero, consultor en asuntos públicos, dijo que, según estudios, 11 por ciento de las ejecuciones cometidas en la Ciudad de México tienen que ver con narcomenudeo y, de ese porcentaje, la mitad estarían vinculadas a la mariguana.