Con la decisión ‘‘unilateral’’ de difundir los resultados del más reciente peritaje del basurero de Cocula, la Procuraduría General de la República (PGR) rompió un pacto de confidencialidad, reprochó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el que además sostuvo que dicho reporte es solamente preliminar.

‘‘La utilización política de esta cuestión muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares, de México y el mundo entero, para quienes el caso Ayotzinapa se ha convertido en referencia’’, dijo el grupo de expertos. Esta esta acción (la PGR) rompió las reglas, generó desconfianza y no contribuyó al esclarecimiento del caso, acusó.

Los integrantes del GIEI insistieron en que este nuevo peritaje no es concluyente ni resuelve las preguntas de fondo que se les formularon sobre la posibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el área, por lo que sólo abona a la confusión pública en el tema. ‘‘El informe no recoge las respuestas pedidas a los peritos, lo cual invalida lo presentado por la PGR’’.

En conferencia de prensa realizada en el auditorio Museo Memoria y Tolerancia, el GIEI lamentó profundamente la decisión tomada por una ‘‘alta instancia’’ del Estado mexicano, y especialmente las consecuencias que tiene para todo el proceso construido de forma paciente y sorteando numerosas dificultades, incluyendo las acusaciones y señalamientos en su contra por parte de quienes no están interesados en la verdad de los hechos.

‘‘Hay sectores que quieren bloquear la investigación, centrar la discusión de nuevo en el basurero, fragmentar el expediente, obviar las otras líneas de investigación o incluso tratar de dar por cerrado el caso’’, advierte el pronunciamiento del GIEI, leído de manera alternada por los cinco integrantes del grupo.

Primero en la lectura, y luego en una larga sesión de preguntas y respuestas, los integrantes del grupo informaron que el GIEI no seguirá trabajando con la PGR en este tema específico del peritaje, aunque se ha solicitado a la procuraduría la realización de una reunión con todos los peritos de fuego que colaboraron en dicho estudio a fin de aclarar lo sucedido.

‘‘El grupo no seguirá colaborando en este caso con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales, y que sólo contribuirá a la confusión y el descrédito’’, dice el pronunciamiento.

Sin embargo, el GIEI menciona que ha dicho a las autoridades gubernamentales que cumplirá con el trabajo para el que ha sido convocado, que se centrará en la elaboración del informe final de su segundo mandato –mismo que concluye el 30 de abril–, el trabajo con las víctimas y la revisión final del expediente, así como en la ley sobre la desaparición de personas.

Acusó que quien tomó esta decisión ha contribuido de manera determinante al quiebre de la confianza de este trabajo y ha supuesto un nuevo impacto en los familiares. El derecho a saber de las víctimas es el primer objetivo de esta labor y el modo en que se ha conducido este proceso ha aumentado su malestar, vulnerabilidad e incertidumbre, denunció.

Además, consideró que la primera víctima de esta acción son los espacios de diálogo y la credibilidad construida en este año con las instituciones y las víctimas, que han sido parte central de las acciones desarrolladas.

Estimaron que el reciente anuncio público de que se van a traer resultados genéticos de la Universidad de Innsbruck, llevado a cabo dos días después de esta comunicación, ha extendido la preocupación entre los familiares sobre la conexión en el tiempo entre estos dos casos.

Próximo informe

En el inicio de sus intervenciones, se precisó que el GIEI había decidido no hacer nuevas declaraciones públicas y concentrarse en la redacción de su informe, las gestiones con el expediente, el trabajo con las víctimas y el estudio sicosocial, y continuar con la planeación y realización de algunas diligencias de búsqueda; pero, ante la situación creada por el gobierno en días pasados, se vio obligado a dar su versión de los hechos.

Reconoció que el informe del peritaje lo recibió a mediodía del 31 de marzo, con ‘‘carácter preliminar’’, y no fue notificado de la decisión de la PGR de hacerlo público, cuando ya había sido convocada la prensa desde una hora antes. Tampoco se les mostró el escrito que posteriormente sería leído. Es decir, la difusión del peritaje no sólo fue ‘‘unilateral’’, sino también en contra de la postura del GIEI, que había señalado que no se podía hacer una comunicación de algo provisional y que por tanto no era conclusivo.

Los expertos señalaron que de parte de la PGR se les comentó de manera verbal que el mensaje sería para informar que no se había podido determinar si era posible o no la quema de los cuerpos de los 43 normalistas y que se necesitaban nuevos estudios experimentales para valorar la dinámica del fuego y la necesidad de la cantidad de combustible para la quema de varios cuerpos.

Incluso, el GIEI advirtió que todavía en este momento ni siquiera tiene información del grado de consenso alcanzado o no entre el grupo de especialistas que participaron en la elaboración del peritaje.