Toluca, Méx.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) consideró que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, conocida como ley Atenco, tendrá que ser modificada para proteger las garantías de los mexiquenses.

El ombusdman del estado, Baruch Delgado Carbajal, adelantó que a más tardar el próximo lunes la Codhem presentará al Congreso local una propuesta de reformas a por lo menos ocho artículos (8, 12, 14, 15, 16, 17 y 19) y la derogación de dos (40 y 41) y que, de ser posible, estas modificaciones sean aprobadas antes de que la ley entre en vigor, el 16 de junio.

Aclaró que el organismo no fue consultado para elaborar la iniciativa que aprobó el Congreso, como afirmó la consejera jurídica del gobierno mexiquense, Luz María Zarza Delgado.

Las modificaciones propuestas, acotó, son precisiones y delimitaciones en los artículos del capítulo que regula el uso de la fuerza pública en manifestaciones, reuniones o actos masivos.

Mientras, el gobernador Eruviel Ávila anunció que solicitó al Congreso del estado promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra esta ley para que determine si es legal.

Asimismo reiteró su disposición a promover reformas a esta norma si la SCJN determina que es necesario.

La llamada ley Atenco fue aprobada por el Congreso del estado el pasado 17 de marzo, con el voto de casi todas las fuerzas parlamentarias, excepto Morena. La nueva disposición señala en qué condiciones la autoridad puede hacer uso de la fuerza pública y faculta a los cuerpos de seguridad a usar armas letales cuando la vida de un policía, un manifestante o un tercero se encuentre en peligro.

Organizaciones sociales la han calificado de represiva y violatoria de las garantías individuales, en especial de la libre manifestación y asociación. Tres partidos han solicitado a la Codhem una revisión de la norma.

Consideramos que algunos aspectos se tienen que precisar. No toda está mal. Es necesario regular el uso de la fuerza pública en la entidad, pero sí se requieren ajustes. Debemos dar precisión al texto para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, puntualizó Delgado Carbajal.