Cientos de pobladores empobrecidos y afectados por enfermedades graves; devastación ambiental; cultivos muertos; ríos y afluentes que siguen siendo un riesgo; niños con padecimientos graves en la piel, con úlceras, llagas y manchas en la cara, al igual que adultos mayores, así como mujeres que no quieren salir de sus casas por problemas en cara y cuerpo, se registran en las zonas aledañas a los ríos Sonora y Bacanuchi, a un año y siete meses del derrame de tóxicos que causó Grupo México en Cananea, cuyo impacto continúa hoy.

Una comisión integrada por profesionales de la salud, líderes sindicales, académicos nacionales y representantes de organizaciones ambientalistas de Estados Unidos recorrió esa región, desde Cananea a Hermosillo, para evaluar la situación. Una encuesta que aplicaron revela que 76 por ciento de las personas consultadas siguen padeciendo enfermedades de la piel, tienen llagas; 78 por ciento sufren enfermedades en los ojos, ardor y problemas de visión.

La gran mayoría de los pobladores consultados padecen dolor de cabeza y de huesos, así como caída del cabello; sus análisis arrojan gran cantidad de metales en la sangre. Pudimos constatar que hay niños de cuatro a 10 años que tienen llagas dolorosas que no han sanado en un año, y señores con problemas en hígado y riñones, sigue la emergencia en salud a consecuencia del consumo del agua y productos del agro que siguen estando contaminados, señalan en entrevista telefónica los integrantes de esta comisión, como Cadelba Lomelí, especialista en temas médicos y de infectología.

Derecho internacional

Jerry Acosta, representante nacional de la Unión de Trabajadores de Servicios Públicos de Estados Unidos; Brooke Anderson, directora de Climate Workers; David Bacon, especialista y escritor de temas laborales, y Garrett Brown, de la Red de Opoyo sobre Salud Ocupacional en las Maquiladoras, entre otros expertos, alertaron del impacto económico y la salud que persiste en los pobladores en la región, hechos por los que Grupo México ha violado el derecho internacional y desconocido también los derechos humanos de todas las comunidades del río Sonora.

Llamaron a que se resuelva el conflicto minero, a que se termine la huelga de Cananea, la cual lleva más de nueve años y las autoridades ilegalmente permitieron que la mina cerrara y luego, en una acción legaloide, ésta volvió a abrir, sólo cambiándose el nombre a la empresa. Plantearon que el gobierno federal debe instalar clínicas para la atención de los enfermos y que se resarza el daño económico a los pobladores.

Anderson y Bacon indicaron que la agricultura de la zona está devastada, que los vendedores de productos agropecuarios han perdido la mitad del mercado y no tienen dinero, ni comida para su familias.

La médica Reina Castro, adscrita al departamento de investigaciones científicas y tecnológicas y ecología de la Universidad de Sonora, advirtió que la promesa de ponerles plantas potabilizadoras no se cumplió: sólo pusieron una y no funciona; está abandonada, el agua de los afluentes sigue siendo un riesgo; incluso no se ha podido sembrar porque la contaminación persiste en esas tierras y hay áreas de vegetación muertas, fauna enferma; mientras el supuesto fideicomiso de Grupo México fue un fiasco. Se requiere, dijo, un plan alimentario, justicia para la gente, atención médica y respeto a sus derechos humanos.

Antonio Navarrete, de la sección 65 del sindicato nacional minero, gremio que acompañó los trabajos de esta comisión, expuso que tanto la huelga como el derrame son producto de la impunidad de la empresa, ya que hasta el momento ningún gobierno ha sentado a Grupo México a resarcir los daños y pagar por los desastres e ilegalidades que ha cometido.