gobiada la atención ciudadana por la campaña electoral y las declaraciones de los siete aspirantes a la minigubernatura, que van desde reflejos pendencieros hasta llamados a la reconstitución de los valores republicanos de convivencia basados en la austeridad y el combate a la impunidad, el tema central de la inseguridad pasó a segundo término, en medio del recrudecimiento de la violencia entre grupos delincuenciales y el aumento de víctimas, hombres y mujeres, jóvenes la mayoría, afectados en su integridad y patrimonio.

En este ambiente copado por la política, amenazan con volverse difusos el caso de Los Porkys, las desapariciones forzadas y la interminable lista de crímenes sin resolver en que las policías son cómplices de la tortura y desaparición, como ocurrió con los infortunados muchachos de Papantla y Tierra Blanca.

En tanto se acerca el fin del sexenio duartista, crecen la inquietud social y la incertidumbre por la crisis financiera que asola a prácticamente toda el entramado de la economía veracruzana.

Aunado a ello, preocupan los datos de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que ubican a Veracruz en el segundo lugar nacional en delitos, sólo detrás del estado de México, debido a las ligas entre el gobierno –en particular las corporaciones policiacas de todos los niveles– y los grupos delincuenciales, que ahora están atacando a la clase media.

De acuerdo con el presidente de dicha comisión, Jorge Ramos Hernández, la inseguridad debe combatirse rompiendo el vínculo entre policías y crimen organizado, pues las primeras participan activa o pasivamente en los secuestros. A plena luz del día secuestran a empresarios y le pegan ya a toda la clase media, lo que no se explica sin la complicidad del gobierno.

Si bien el tema está en los discursos de campaña, la realidad es apabullante y es de esperar que la impunidad y la inacción de las autoridades sean incluidas en la lista de cuentas pendientes de la sociedad veracruzana.