an transcurrido 10 años desde la terrible tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, provocada por Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y aún permanece en la oscuridad, o nunca se ha realizado una investigación adecuada e independiente que determine las causas de la explosión y lleve al castigo con todo el peso de la ley de los verdaderos responsables del homicidio industrial que enlutó a 65 familias de los mineros que fallecieron. A la fecha no se les ha hecho justicia y este es el tercer gobierno que simula tomar decisiones que rápido son olvidadas o abandonadas.

A casi nadie le interesa mostrar la verdad. A lo largo de esta década todos los implicados se solapan unos a otros, empresarios, políticos y enemigos de las organizaciones sindicales, quienes comparten la misma actitud de los cobardes, los traidores y los vividores que han y siguen medrando con la desgracia y el sacrificio humano de trabajadores dignos y responsables. Pero tampoco les importa a los que podrían hacer justicia y penalizar la negligencia criminal de accionistas, directivos y cómplices en la explotación y el saqueo de los recursos naturales del país a cualquier costo, incluyendo la vida y la salud de los que viven de su trabajo.

Y todavía hoy siguen con publicaciones pagadas o manipuladas tratando de desviar la atención y eludir la responsabilidad directa en ese crimen industrial y social. En ese camino utilizan todo tipo de argucias, medios e información distorsionada con los que buscan esconder la verdad y ocultar su responsabilidad en la terrible tragedia que cambió la vida de 65 familias mexicanas.

La última acción es utilizar incluso a la revista Proceso para publicar un reportaje totalmente infundado para distorsionar la realidad, incluyendo un supuesto convenio que pretende exonerar de culpa a Grupo México y a sus directivos y miembros del consejo de administración, así como a las autoridades laborales. Qué pena y qué vergüenza que todavía recurran a esas perversas acciones y haya medios que los acepten, en lugar de señalar la verdad con objetividad y valor. Ante todas estas insidias y calumnias, en el sindicato nacional de mineros desde hace 10 años hemos explicado reiteradamente la verdad del conflicto minero y demostrado que nada nos detiene en el camino de exigir la verdad y la justicia, a pesar de los reportajes malintencionados y de la campaña sucia y permanente en contra de los mineros.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en medio de la intensa política de privatización que terminó con la intervención y regulación del Estado en la economía a través de las empresas paraestatales, se inventaron los convenios de contratistas con el pretexto de darle competitividad y flexibilidad a las empresas. Es más, se crearon las compañías outsourcing o terceras para crear una nueva forma de contratación laboral adicional a la única que existía antes, que era de trabajadores sindicalizados permanentes y eventuales temporales. Desde entonces, la presión de los gobiernos en estos últimos 30 años ha sido obligar a muchos sindicatos a dar la movilidad y reducir la responsabilidad de las empresas hacia su personal.

Desde entonces la política laboral se convirtió en una política totalmente empresarial, con el fortalecimiento de los monopolios, el surgimiento de muchas nuevas fortunas creadas al amparo de la privatización, la apropiación ilegal y la falta de compromisos social y político con los intereses de la nación y de los mexicanos. Lo que los nuevos inversionistas que adquirieron las compañías y consorcios del estado, en realidad buscaban y siguen pretendiendo es deshacerse de los sindicatos, particularmente los democráticos, y de los contratos colectivos de trabajo que les fijan responsabilidades que ellos quieren eliminar, destruir o controlar con cualquier forma de apoyo institucional y complicidad gubernamental. Desafortunadamente en muchos casos lo han logrado.

La contratación colectiva o los convenios temporales no pueden jamás exonerar o liberar a las empresas de su responsabilidad esencial, no sólo de producción, sino de proteger y cuidar la vida y la salud de todos sus trabajadores. Lo que ni Germán Larrea ni Xavier García de Quevedo, presidente de Industrial Minera México, al cargo de la operación de Pasta de Conchos, ni ningún otro técnico, administrador o director pueden evitar, es su culpabilidad en el homicidio industrial que terminó con la vida de 65 mineros mexicanos, resultado de la ambición, la codicia y la negligencia criminal.

En muchos países, y México no es la excepción, la mayoría de los periodistas y medios de comunicación que cubren la fuente laboral, provienen de la clase media o alta. Igual sucede con los políticos encargados de aplicar la política laboral y supuestamente de asegurar la defensa de los derechos de la clase trabajadora. De ahí que poco se publica sobre las acciones y la vida sindical, si no es amarillista o de ataques frecuentes contra las organizaciones y los líderes para desprestigiarlos, debilitarlos y dividirlos y para buscar su sometimiento o destrucción permanente.

Claro que algunos dirigentes sindicales sucumben y prefieren no luchar por sus agremiados o por defender su prestigio y dignidad. Pero eso no sólo crea y propicia la impunidad y la corrupción de empresarios, políticos y los propios líderes, pues en la mayoría de los casos todos ellos se sienten intocables, repartiendo entre ellos la riqueza que generan la complicidad y la inmoralidad, agravando aún más la desigualdad en México, así como cerrando las oportunidades para contar con una democracia y la transparencia necesarias para una sana, justa y equilibrada actividad económica, política y social.