Toluca, Méx.

Más de 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) se manifestaron ayer frente al Congreso del estado de México en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, aprobada recientemente.

Fustigaron al gobernador Eruviel Ávila por promover la norma, que consideran violatoria de los derechos a la vida, la libertad y a la libre manifestación y expresión; asimismo, anunciaron que lucharán jurídica y socialmente para impedir que entre en vigor en junio próximo.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco; del Frente en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra, de San Francisco Xochicuautla, así como maestros disidentes, normalistas y activistas por los derechos de las mujeres, entre otros, invitaron a organismos internacionales a visitar la entidad y verificar la situación en materia de derechos humanos.

Las ONG también acordaron movilizarse en el estado contra la llamada ley Atenco y alertaron sobre el riesgo de que otros estados aprueben medidas similares.

Antonio Lara, de la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, asistente jurídico del colectivo Fuego de la Digna Resistencia, informó que las ONG buscarán que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interponga una acción de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de la que presentó el partido Morena, pues hemos acordado que el movimiento sea apartidista.

También adelantó que se promoverán amparos federales para dirigentes sociales del estado de México y las propias organizaciones, pues “la estrategia es criminalizar toda protesta social.

La represión era un delito y la protesta era un derecho; ahora Eruviel quiere cambiar la ecuación con esta ley, dijo un dirigente.

Activistas provenientes de San Salvador Atenco invitaron a las marchas que realizarán en mayo para recordar la violencia que padecieron hace 10 años, cuando policías reprimieron los días 3 y 4 de mayo de 2006 a opositores al aeropuerto que el gobierno federal pretendía construir.

Plantea restricciones en el uso de la fuerza

Mandos tendrían que consultar a superiores

Israel Dávila Corresponsal

Toluca, Méx.

Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado entregaron al Congreso local una iniciativa para reformar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, recientemente aprobada por la legislatura, pues consideran que al menos 13 artículos atentan contra los derechos humanos.

La propuesta, elaborada por integrantes de la corriente Galileos del sol azteca mexiquense, fue entregada ayer a la oficialía de partes del Congreso, que la remitirá a la junta de coordinación política.

Cipriano Gutiérrez, uno de los dirigentes de la citada corriente, dijo que el Congreso está obligado a dar trámite a la propuesta y esperan que tanto los diputados de su partido –que avalaron la también llamada ley Atenco– como los de otras bancadas defiendan la iniciativa, que modificaría los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 y 20.

Con estos ajustes se pretende delimitar aún más el uso de la fuerza pública, se incluye desde el primer artículo el respeto a los derechos humanos como elemento esencial en la actuación de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, agrega definiciones de conceptos como control, control físico, fuerza letal, fuerza no letal y presencia disuasiva, las cuales no incluye la ley propuesta por el gobernador Eruviel Ávila.

También detalla los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad, oportunidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, congruencia y respeto a los derechos humanos con que debe aplicarse la fuerza pública.

Incorporan el supuesto de extremo necesario en el uso de la fuerza pública cuando otros medios resulten ineficaces y agrega el término de armas incapacitantes.

Otro ajuste obliga al mando policiaco a cargo a obtener consentimiento de su superior jerárquico para aplicar la fuerza, y ya no lo deja a su criterio.

En materia de control de multitudes, se estipula que las policías podrán hacer uso de la fuerza en los niveles de presencia disuasiva, orden verbal directa, control físico de movimientos y utilización de fuerza no letal.