Río de Janeiro.

El fiscal general de Brasil, José Eduardo Cardozo, calificó este lunes de ilegal el procedimiento de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y afirmó que no es más que un intento de golpe motivado por una sed de venganza de los enemigos de la gobernante de izquierda.

En una apasionada defensa de la mandataria ante la comisión de la Cámara de Diputados que evalúa si procede o no el juicio político, Cardozo advirtió además que la victoria del impeachment planteado por la oposición daría lugar a un gobierno que nacería con una mancha de ilegitimidad.

Resaltó que la ley brasileña permite la destitución en circunstancias muy limitadas, como cuando un jefe de Estado comete un delito grave, y resaltó que no es el caso con Rousseff, quien enfrenta un procedimiento de juicio político por presunta violación de la ley fiscal para ocultar un déficit presupuestario.

El análisis del pedido de juicio político tiene lugar en momentos en que Brasil atraviesa su peor recesión económica en décadas, se realiza una pesquisa sobre corrupción centrada en la compañía estatal Petrobras, existe un brote del virus del zika y se afinan los preparativos para los Juegos Olímpicos que se realizarán del 5 al 21 de agosto en Río de Janeiro.

Cardoso afirmó que el procedimiento contra Rousseff equivale a hacer pedazos la Constitución. Todo el proceso es completamente infundado, agregó.

Dejó entrever que el intento para destituir a Rousseff, quien ganó la relección por escaso margen a finales de 2014, es una represalia de los enemigos de la presidenta, en particular de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que hace una semana rompió su alianza con el gobierno.

Cunha, la principal fuerza detrás del juicio político, enfrenta cargos de lavado de dinero en relación con la pesquisa de Petrobras y podría ser despojado de su escaño por las acusaciones de que mintió a una comisión legislativa.

Cunha se distanció de Rousseff tras conocerse a mediados del año pasado las acusaciones de corrupción en su contra. El líder de la cámara baja, tercero en la línea de sucesión de Rousseff, se convirtió el mes pasado en el primer político brasileño protegido por fuero que deberá sentarse en el banquillo de la Supremo Tribunal Federal (STF) por haber recibido, según la acusación, al menos 5 millones de dólares en sobornos procedentes de la red corrupta que desangró a la estatal Petrobras.

Cunha fue acusado además ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados de mentir sobre la existencia de unas cuentas de su propiedad en Suiza, que son investigadas por la fiscalía para determinar si fueron el destino final de fondos desviados de la petrolera.

Su excelencia, el presidente (de la Cámara de Diputados) Eduardo Cunha aprovechó sus facultades para emprender su venganza y su represalia contra Rousseff porque se negó a comprometer que el Partido de los Trabajadores (PT) lo apoyara en el procedimiento contra él en la Comisión de Ética, señaló Cardozo.

Al dar inicio al juicio político, el presidente Eduardo Cunha no tenía como propósito hacer cumplir la Constitución, agregó.

La cámara baja votará sobre el juicio político a mediados de mes.

Rousseff necesita conseguir 172 de 513 votos para frenar el procedimiento. Si no lo logra –lo que parece más probable después de la salida del partido más grande de Brasil el PMDB de la coalición de gobierno–, el trámite del juicio político avanzará al Senado.

La oposición solicitó el impeachment de Rousseff por presunto maquillaje de las cuentas públicas en 2014, para reducir el impacto de la desaceleración económica y asegurar su relección. Si fuera destituida, sería remplazada por el vicepresidente Michel Temer, del PMDB.

Cardozo negó esas acusaciones e hizo notar que, de todos modos, en ningún caso suponen un crimen de responsabilidad, contemplado por la Constitución como única causa de un procedimiento de destitución.

Por lo pronto, Rousseff sigue tejiendo alianzas para salvar su mandato, y mantiene negociaciones tras la ruptura del PMDB, para hacer una restructuración gubernamental en todos los niveles, con el fortalecimiento de formaciones que puedan darle los votos necesarios para impedir un juicio de destitución en el Congreso.

El último sacrificado de esa movida fue el presidente del Instituto Brasileño de Turismo, designado en 2015 por el vicepresidente Temer, virtual heredero de Rousseff si el impeachment prospera.

La semana pasada fueron destituidos los jefes del Departamento Nacional de Obras contra la Sequía, de la Compañía Nacional de Abastecimiento y de la Fundación Nacional de Salud.

El PMDB, que tiene una bancada de 69 diputados, cuenta aún con seis ministros que expresaron su deseo de permanecer en sus cargos, en abierto desacato a la orden dada por la dirección partidaria.

La presidenta nombró el mes pasado a Lula como jefe de gabinete, pero la designación fue bloqueada por un juez del STF debido a sospechas de que se trataba de una maniobra para sacar de la órbita de la justicia ordinaria al ex presidente y fundador del PT, investigado por presunta corrupción en el escándalo de Petrobras.

Lula sigue siendo, pese a todo, el gran articulador de las nuevas alianzas, de acuerdo con fuentes gubernamentales y observadores. El ex mandatario afirmó el fin de semana que esperaba que su caso sea zanjado por el STF el jueves próximo.

El carismático dirigente de izquierda multiplica los mítines de apoyo a Rousseff. El sábado pasado estuvo en Fortaleza, en pleno feudo nordestino del PT, y este lunes encabezó un acto en Sao Bernardo do Campo, en la región paulista, donde surgió como líder sindical en los años de la dictadura militar (1964-85).