Senadores de PRD y PT consideraron muy grave e indignante que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya actuado unilateralmente al dar a conocer un informe sobre el tercer peritaje en el basurero de Cocula, lo que obligó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a replantear su trabajo de coadyuvancia en la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Es parte, coincidieron, de una estrategia gubernamental para dar carpetazo al caso Iguala y evitar que se establezca la responsabilidad del Estado en ese crimen.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, advirtió que hay una actitud golpista hacia el GIEI contra el que se lanzaron de manera violenta las televisoras y la radio, para desacreditarlo en definitiva.

La perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, consideró que es muy preocupante que el gobierno federal manipule y tergiverse el tercer peritaje en el basurero de Cocula para sostener su verdad histórica.

El resultado de ese tercer peritaje, que la PGR decide dar a conocer sin consensarlo con el GIEI, enturbia aún más la investigación y profundiza el descrédito de la PGR y su verdad histórica, recalcó el senador Alejandro Encinas, del grupo del PRD. Agregó que se genera más confusión y mayor desinformación, porque el GIEI sostuvo que en el basurero de Cocula no hubo ningún incendio y ahora el grupo de expertos en fuegos señala que sí y se quemaron 17 cuerpos.

La pregunta es cómo pudieron hacer tal estimación, de donde salieron los restos de esos 17 cuerpos, si se habían levantado ya todas las muestras de restos óseos, de vestigios y no se han encontrado otros.

La senadora De la Peña consideró alarmante que las autoridades mexicanas opten por manipular la información con el propósito de cerrar un caso que es emblemático por la descarada participación de elementos del Estado en la desaparición forzada de los estudiantes.

Todo indica, recalcó, que el propósito al solicitar la intervención de la CIDH nunca fue el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala, sino la legitimación de las pesquisas y conclusiones del ex procurador Jesús Murillo Karam.

Desde un principio, expuso a su vez el senador Encinas, quedó claro que el gobierno federal no iba a aceptar las conclusiones del GIEI, que implican ejercer acción penal contra Murillo Karam y demás autoridades que sesgaron la investigación, manipularon la escena del crimen y eliminaron evidencias. Al gobierno, recalcó, le urge que se vayan los expertos y también la CIDH.

Es obvio, insistió Bartlett, que el gobierno actuó con toda la mala fe desde un principio, ya que aunque firmó el convenio con la CIDH, “impidió que los expertos realizaran su trabajo –no les permitió entrevistar a los militares–, los desprestigió por conducto de personeros y ahora violan un acuerdo y se adelantan a informar sobre un tercer peritaje y les echan encima a las televisoras para que los denigren”