Caracas.

El gobierno de Venezuela comenzó ayer en las principales plazas del país una consulta pública sobre la Ley de Amnistía, que busca liberar a un grupo de dirigentes opositores presos. El proceso fue convocado el viernes por el presidente Nicolás Maduro, quien, sin embargo, había comentado que iba a vetar la norma. Argumentó que esa legislación, que protege a terroristas y criminales, no pasará.

Maduro anunció la noche del viernes que comenzará el interrogatorio a la población para saber qué hacer frente a la Ley de Amnistía, aprobada el martes pasado por el Parlamento, de mayoría opositora.

Abro una consulta pública, en un diálogo verdaderamente nacional, para que el pueblo en todas sus organizaciones de derechos humanos me haga llegar su opinión sobre qué debe hacer el jefe de Estado con la norma criminal de amnistía que pretenden imponer como golpe de Estado, aseveró.

Llama a derrotarla en la calle

El mandatario exhortó a los simpatizantes del gobierno a movilizarse para derrotar en la calle esta ley criminal, aberrante, inconstitucional y antidemocrática.

Un argumento del presidente para rechazar la disposición es que ésta dejaría en libertad a quienes el gobierno considera responsables de las 43 muertes durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos a Leopoldo López, condenado a 14 años de cárcel por instigación de la violencia en las manifestaciones.

Otros dirigentes presos son el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de conspiración, y el ex candidato presidencial Manuel Rosales, inculpado por enriquecimiento ilícito.

Para los opositores la ley significa un acto de justicia, pues permitiría poner en libertad a unas 78 personas que considera presos políticos.

Aunque Maduro no podría por sí solo poner fin a la iniciativa legislativa, ya que según la Constitución venezolana puede ser aprobada por el Parlamento sin el apoyo del mandatario, el presidente aún puede remitir el instrumento al Tribunal Supremo de Justicia alegando que es inconstitucional.