a aprobación inédita de una nueva ley que permita al Presidente de la República declarar un estado de excepción, propia de los países en estado de guerra, para suspender las garantías individuales y los derechos universales, no es una decisión aislada. Varios acontecimientos ocurridos en días pasados nos indican el creciente estado de crispación del titular del Ejecutivo y sus principales colaboradores ante una serie de hechos que se les están saliendo de control: desde la aprobación de la ley Atenco en el estado de México, el virtual anuncio de expulsión del grupo de los expertos internacionales que han intentado encontrar pruebas concluyentes de la responsabilidad del gobierno en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa hasta las amenazas sufridas por el comisionado Interamericano de Derechos Humanos Emilio Álvarez Icaza, a partir de los reportes de esa comisión sobre la crisis de derechos humanos que afecta al país.
Pero no sólo es el aspecto fundamental de los derechos humanos su única preocupación. También lo son los fracasos de su reforma educativa cada día más evidentes. Así, la invitación a las universidades a participar en la preparación de maestros es una clara aceptación de que los métodos en cascada que quisieron adoptar para tal fin ha sido un rotundo fracaso como muchos críticos lo señalamos a partir del conocimiento de experiencias pasadas. De la misma manera, la posposición de las evaluaciones punitivas contra los profesores indica la aceptación del riesgo político en que han incurrido con su estrategia de amenazas y castigos, pues en vez de doblegarlos se les ha convertido en un bumerán inmanejable; finalmente, la reducción de las pruebas Planea, anunciadas con bombo y platillo al inicio del sexenio, a un mero ejercicio estadístico irrelevante, a partir de la única aplicación realizada –que además demostró que sólo era un cambio cosmético de los exámenes Enlace–, indicó con claridad el retroceso que la reforma ha significado en el desempeño de los estudiantes al regresarlo a los niveles de 2009, reportados por Enlace.
De la misma manera, las alteraciones a la Constitución, ordenados a un Congreso sumiso convencido mediante la operación comercial llamada Pacto por México, destinadas a alterar su esencia, con objeto de enajenar los recursos de la nación, tampoco les han salido bien, en virtud de su imprudencia, su falta de visión y su incapacidad para prever la inminente caída de los precios del petróleo, la cual los ha metido en un callejón sin salida, al que sólo han podido responder mediante endeudamientos económicos, que han puesto al país en una situación de mayor riesgo que el incurrido en el periodo de José López Portillo.
No se necesita ser adivino para imaginar los resultados de las encuestas secretas que la oficina de Los Pinos ha ordenado para conocer el nivel de simpatía y credibilidad que en estos momentos tienen el Presidente y su equipo cercano de colaboradores en la sociedad mexicana. Los podemos imaginar al leer las disposiciones y proyectos de ley mencionados al inicio de este artículo, pero hoy contamos también con los resultados del sistema de consultas que La Jornada ha publicado, tanto sobre la imagen de Peña Nieto, como sobre la llamada reforma educativa y también sobre Ayotzinapa. (Consultas.Jornada.com.mx). Los resultados secretos con que cuenta la cúpula gobernante no deben ser muy distintos, y es esto lo que los está llevando ahora a imaginar los mecanismos de control que deben crear, para sustituir con ellos las leyes y los derechos ciudadanos y el gobierno mismo de la razón y los derechos universales.
Ahora bien, si usted, amable lector, dedica unos momentos a la consulta también realizada sobre la procedencia de un juicio político al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cuya imagen pública no es muy diferente a la de Peña Nieto, usted podrá constatar que esa demanda respalda de manera casi unánime a las presentadas por varios partidos políticos interpuestas ante el Congreso de la Unión, para que ese funcionario responda por la desaparición de los recursos públicos, cometida por diversos colaboradores de su administración, con su muy probable participación por un monto cercano a 80 mil millones de pesos.
Por razones que es fácil suponer, dichas demandas están siendo bloqueadas en el Congreso, mostrando de manera clara la efectividad de las leyes y acciones emprendidas por el actual gobierno para frenar y erradicar la corrupción, pero seguramente también para impedir la existencia de un precedente que pueda en su momento llevar a juicio al mismo Presidente. De hecho, esta es también la más plausible razón para no haberlo removido del poder, no obstante que en las condiciones actuales sólo representa un lastre gigantesco para el PRI y para su candidato en las elecciones de junio próximo, para elegir al nuevo gobernador de Veracruz, que muy posiblemente habrá de ser el aspirante de Morena, Cuitláhuac García.
Termino este artículo manifestando la importancia que los juicios políticos a los altos funcionarios pueden tener al término de sus mandatos, en virtud de constituir un recurso importante que tenemos los ciudadanos (hasta hoy nunca utilizado, no obstante la secuela de pésimos gobernantes que hemos padecido), el cual está sustentado en el artículo 87 de la Constitución y nos permite crear un precedente para que los funcionarios corruptos entiendan el riesgo y las consecuencias de gobernar dándole la espalda al pueblo, al que finalmente habrán de rendir cuentas y responder por sus abusos de poder, así como por los desvíos de recursos y los conflictos de interés establecidos a través de sus subalternos.
Enriquec / galileo2.com.mx
