Los hechos de Tlatlaya, estado de México, de junio de 2014, aún no han sido plenamente esclarecidos, enfatizó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En respuesta a la información difundida ayer por la Procuraduría General de la República (PGR) en algunos medios, la organización civil –que ha indagado el caso y acompañado a una de las víctimas– aseveró que si bien el tema sigue abierto, hasta ahora no ha sido investigada la responsabilidad de los mandos.

Luego de que el miércoles varias organizaciones, entre ellas el Centro Prodh, denunciaron que un juez militar absolvió a seis militares implicados en la ejecución extrajudicial de varias personas, lo que consideraron podría llevar el caso a la impunidad, la PGR argumentó que por este caso se ha ejercido acción penal contra siete militares: tres por homicidio calificado, por lo que están en prisión, y cuatro por otros ilícitos, a quienes un juez otorgó el auto de libertad.

‘‘Efectivamente, la PGR realizó una investigación inicial por la que determinó que en Tlatlaya se cometieron diversos delitos, incluyendo el homicidio de ocho personas. El testimonio de Clara Gómez González (víctima) y su colaboración con el Ministerio Público fueron fundamentales para que se realizara esta primera consignación.

‘‘No obstante, como la propia PGR admite, al referir que continúa una investigación abierta, los hechos de Tlatlaya aún no han sido plenamente esclarecidos. Subsiste una preocupante discrepancia entre el número de víctimas de ejecución (ocho para la PGR, entre 12 y 15 para Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y no ha sido investigada la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a la unidad militar involucrada en los hechos a ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’’’.

El Centro Prodh recordó que hace unos meses la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que dentro de sus estrategias la palabra abatir ‘‘no significa matar’’. Contra ello difundió un video en el que se retoman las imágenes grabadas por la Marina del operativo que concluyó con la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, donde uno de los marinos señala: ‘‘Tenemos tres masculinos, dos vivos y uno abatido’’.

Subrayó que Clara Gómez no tendría por qué ratificar la denuncia que presentó hace nueve meses en relación con los hechos, como dijo la PGR. ‘‘En una de las averiguaciones previas abiertas, la propia procuraduría acordó negativamente el escrito de la víctima, sin siquiera requerirle su ratificación’’.

En la otra averiguación previa, ‘‘la supuesta necesidad de ratificar es revictimizante y además innecesaria, puesto que la identidad de Gómez González ya está plenamente acreditada, amén de que tanto la orden de ‘abatir’ como la recomendación de la CNDH obran ya en el expediente y tendría que ser la dependencia la que investigara su contenido’’.

Finalmente, el Centro Prodh remarcó que la sentencia absolutoria del juez militar se mantuvo en la opacidad y sólo se pudo conocer hasta que la víctima tuvo certeza legal de su existencia.

Es de recordar que tras emitir una recomendación por el caso, la CNDH –ya con su nuevo titular, Luis Raúl González Pérez– reclasificó en junio de 2015 el expediente como investigación por ‘‘violaciones graves’’.