El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que la violación del gasto de topes de campaña de los partidos políticos durante la elección de la Asamblea Constituyente implicará la anulación del último de los aspirantes que haya alcanzado el cargo, si el rango de transgresión supera la sexagésima parte de los 20 millones establecidos como máximo que un instituto puede ejercer.

Sin embargo, la medida adoptada fue reprobada por diversos partidos –Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Morena y del Trabajo (PT)– que estimaron que el INE se extralimitó en sus facultades al imponer nuevas sanciones en una elección, sin tener ningún fundamento legal. La decisión también motivó las críticas de cuatro consejeros, quienes se pronunciaron en contra.

Según el proyecto, cuando los partidos políticos rebasen el tope establecido, por cada sexagésima parte que hayan superado el límite legal –con base en que cada partido podrá postular una lista de hasta 60 candidatos– se le reducirá uno de los aspirantes que haya alcanzado un cargo, a partir del último en la lista que lo haya conseguido.

Para el consejero Javier Santiago el esquema planteado va en contra de los derechos de los candidatos que eventualmente pierdan el espacio puesto que, en función del esquema de elección, los recursos serán ejercidos por los partidos y no por los candidatos. Así, un aspirante sería sancionado a pesar de no haber tenido responsabilidad alguna al ejercer el gasto. En ese mismo sentido se pronunciaron los consejeros Benito Nacif, Beatriz Galindo y Enrique Andrade.

El representante del PAN, Francisco Gárate, señaló: me preocupa mucho la base legal de esta decisión. Ni siquiera por analogía, no encuentro fundamento para llegar a esta conclusión. Consideró que no hay una lógica en la decisión, pues va en contra del derecho a ser votado, en medio de un modelo en el que el afectado no tendría ninguna incidencia en el gasto.

Promotor de la propuesta, el consejero Ciro Murayama señaló que se trata de mandar un mensaje de que violar el tope sí tiene consecuencias. Un principio de una contienda equitativa es vigilar la legalidad en el origen de los recursos, pero también el gasto adecuado a la norma, es decir, que no sea el derroche de recursos, que no sea el uso excesivo e ilegal del dinero el que dé ventajas ilegítimas a los actores políticos.

Ante las descalificaciones de partidos y consejeros sobre la base legal para que el INE avalara este esquema de sanciones, el consejero Marco Antonio Baños señaló que en el decreto en el que se instruye al INE a organizar la elección de la Asamblea Constituyente también se le dotó de facultades para aprobar la normatividad, ante la particularidad de estos comicios.

Sin embargo, el representante de Morena, Horacio Duarte, censuró el proyecto, porque, además de la falta de sustento legal, se desprenden un conjunto de lagunas. Citó, entre otras, que no existe el criterio para reasignar el cargo que haya sido anulado a un partido político y llegado al absurdo, si los nueve partidos políticos rebasasen el tope, cuál sería la alternativa para asignar los cargos anulados.

Murayama mencionó que la comisión de prerrogativas prepara un proyecto que sería aprobado la próxima semana para precisar estas y otras consecuencias de la decisión.