Un juez militar absolvió a soldados acusados de participar en la ejecución de 22 personas en una bodega ubicada en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014, razón que hace pensar que ese caso ‘‘se encamina a quedar impune’’, aseguraron organizaciones defensoras de derechos humanos.

El juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron ‘‘en la masacre de Tlatlaya’’.

Además, el séptimo elemento fue condenado solamente a un año de prisión por el ilícito de desobediencia, pena que el militar ya compurgó.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Centro Nacional de Comunicación Social firmaron un comunicado en el que exigieron que se haga justicia por estos crímenes.

‘‘La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea–, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente.

‘‘Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad.’’ Las ONG lamentaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) en este caso, aun cuando hay procesos iniciados en la justicia civil, sin que hasta el momento se avance.

‘‘Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos.’’

Recordaron que el 2 de julio de 2015, el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la orden general de operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’’.

Entre estas pruebas, la ONG pidió que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. ‘‘Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas’’.

Los organismos civiles también criticaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya negado el acceso a la información de su recomendación sobre el tema a una de las víctimas, con el argumento que la Sedena ‘‘la había clasificado como reservada’’.

Dada la gravedad de este ‘‘emblemático caso de violación a los derechos humanos”, las organizaciones consideraron que la respuesta debería ser una ‘‘actuación ejemplar de la justicia’’. Por el contrario, ‘‘las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer’’.

Exigieron que se investigue la responsabilidad por la orden de ‘‘abatir delincuentes’’, pues según el relator sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas, Christoph Heyns, ‘‘ésta debe ser indagada cabalmente’’, dado que ‘las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales’’.