ngratos, llamó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a quienes hicieron la crítica –mencionó a los medios en general– de algunos secretarios del gobierno estatal que se mantenían en la nómina tanto de esta institución como en la de la universidad pública. Me doy por aludido toda vez que en la edición de La Jornada del pasado viernes 25 de marzo expuse mi punto de vista al respecto.

El gobernador, en su diatriba, se lamenta de que a las aulas universitarias se las haya privado de la capacidad y las enseñanzas de tales funcionarios. En mi opinión, por lo menos, no era ese el punto. Bien pudieron los maestros universitarios haberse mantenido en su labor docente y/o de investigación si ninguna de las dos instituciones se los impedía y si su tiempo y capacidad se los permitía. Pero sin paga doble. A título de razón invocaba yo una moralidad pública necesaria, para abatir la corrupción existente y ensanchar el espíritu de la ley.

¿Teniendo de su parte la legalidad, no están obligados los funcionarios, sobre todo si provienen de la universidad, a dar ejemplo de conducta republicana? ¿No cabe una conducta así en condiciones en que las universidades públicas se hallan restringidas en sus recursos, para no hablar del grueso de la población que ha visto reducir su ingreso, desaparecer su empleo, hallarse a la intemperie económica?

Pero hay algo más, y esto lo proporcionó el propio gobernador Rodríguez en sus argumentos. Señaló que funcionarios públicos, algunos de ellos representantes populares, ofrecen servicios educativos a la universidad sin cobrar. Sentí, simplemente, que daba la razón a una argumentación como la que yo expuse. En el centro donde laboro hemos invitado a regidores, síndicos, diputados estatales, diputados federales, magistrados, senadores, ex gobernadores (uno de ellos juega un papel central en el gobierno de Rodríguez Calderón), reconocidos intelectuales en el ámbito de la investigación jurídica e histórica. Y no nos han cobrado por los cursos, conferencias, seminarios que allí han impartido. No veo, como lo afirmó el gobernador, motivo por el cual esta práctica deba modificarse a raíz del episodio aquí narrado.

Un elemento más de mi razonamiento para no aceptar que quienes ejercemos la crítica de buena fe seamos llamados ingratos: en la Universidad Autónoma de Nuevo León se ha mantenido una práctica cuya moralidad no está escrita en documento alguno. Pero es compartida y puesta en acto por quienes desempeñan puestos administrativos. Simplemente no cobran cualquier tipo de intervención académica.

Por lo sana que me parece esta práctica, a lo largo de 10 años nunca he cobrado –y no me pongo de ejemplo, sino de caso– por los cursos o conferencias que he impartido en el ámbito docente dentro de la UANL o, a título de extensión, fuera de ella. A propósito, en alguna ocasión, cuando el gobernador Rodríguez Calderón era presidente municipal de García, conduje la proyección de un interesante video que elaboró el Canal del Congreso dirigido a los niños: se titula Juégatela con tu Congreso y el lugar fue una escuela en una zona a la que pudiéramos llamar marginada, donde también realizaba actividades de extensión universitaria la entonces directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la propia universidad pública; de hecho ella fue la que me invitó a difundir aquel video.

A mí me parece elemental que quienes son llamados a laborar en puestos de gobierno de primer nivel, y no por otra cosa sino por la responsabilidad que implican, pidan licencia para retirarse temporalmente del puesto que actualmente ocupan, sobre todo si es sostenido con recursos públicos. Ese tipo de licencias no interrumpe la acumulación de antigüedad ni otras consideraciones que, por cierto, la mayoría de los educadores universitarios no tienen.

Siento que el tono del denuesto del gobernador Rodríguez Calderón tiene un hálito personalizado. Lo lanza sobre quienes opinamos en torno al tema y esto nos puede generar consecuencias sociales y aun laborales negativas. Obviamente, todo es materia de percepción e interpretación. Ni siquiera nadie podría pensar que al retirarse de la universidad pública, el maestro Raúl Rangel Frías, creador de la Ciudad Universitaria, pudiera mantener algún ingreso como ex rector proveniente de la institución que él dirigió y también cobrar como el gobernador del estado que más tarde fue. Lo mismo se puede decir del abogado Eduardo A. Elizondo, que de la rectoría de la Universidad de Nuevo León (aún no era autónoma) pudiera conservar algún emolumento sumado al que recibiría como gobernador del estado.

El tema que nos ocupa se ubica en las antípodas de esas conductas. Así que de ingratitud ninguna sólo por señalarlas. Sobre todo porque no es fácil opinar en situaciones que involucran a personas con quienes se ha guardado una relación de amistad y colaboración. Pero si opinar es materia de señalamientos como los del gobernador Rodríguez Calderón, a lo que más daño él le hace es a la libertad de expresión y, en el caso concreto, a la libertad de cátedra. Cuestiones sobre las cuales en Nuevo León no somos precisamente superavitarios.