Tras la salida del PMDB emisarios del gobierno buscan más aliados
Jueves 31 de marzo de 2016, p. 20
Río de Janeiro.
El día 31 de marzo trae recuerdos trágicos para generaciones de brasileños, y consecuencias pesadas para todos, sin excepción, aunque muchísimos no lo sepan: hace exactos 52 años, tropas alzadas, con pleno respaldo de los medios hegemónicos de comunicación, de la banca, del empresariado, de los terratenientes y con apoyo explícito de Estados Unidos, derrocaron al gobierno constitucional del presidente Joao Goulart.
Lo que siguió fueron 21 años de corrupción generalizada (es decir, corrupción controlada estrictamente por los generales y sus cómplices civiles), violación sistemática de los derechos humanos, desmantelamiento de los partidos políticos, sindicatos y movimientos estudiantiles, derrumbe de la educación pública y un sinfín de otros males paralelos y colaterales.
Este 31 de marzo ocurrirán marchas populares en las ciudades brasileñas, con epicentro en la capital, Brasilia. Serán manifestaciones de respaldo, mucho más que al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, a la democracia recuperada en 1985 y duramente amenazada por un golpe institucional en marcha. Como dijo el cantautor cubano Silvio Rodríguez en una emblemática canción de amor, no es lo mismo, pero es igual
: es que muchos de los que integran, desde la izquierda, corrientes críticas al gobierno, están empeñando sus mejores esfuerzos para que su cargo sea preservado frente al complot armado por segmentos del Judiciario y de la Policía Federal que, en amarga repetición del ocurrido en 1964, cuentan con el apoyo activo de los medios hegemónicos de comunicación, de la banca, del empresariado y de los terratenientes.
Los movimientos sociales, los actos en espacios abiertos o cerrados, la presión de manifestaciones callejeras son una de las armas con que cuenta el gobierno para que se respete el orden constitucional. Hay desde movilizaciones organizadas por movimientos sociales y sindicales hasta acciones de grupos representativos de los más diversos segmentos, especialmente de artistas, académicos, intelectuales. El objetivo es presionar a los parlamentares indecisos, de cuyo voto en el pleno de la Cámara de Diputados depende el futuro de la presidenta.
En el núcleo de coordinación política del gobierno, que cuenta con la decisiva participación del ex presidente Lula da Silva, el clima es de tensión, atención y, ¿cómo no?, aprensión.
Se sabe que la batalla en el Congreso será extremadamente difícil. La salida del PMDB, principal aliado (y más contumaz traidor), de la alianza de base del gobierno, ha sido un golpe durísimo. Consumado el acto, emisarios del gobierno se mueven en varias direcciones, sin que sea posible detectar un norte claro en sus andares. Tratan de convencer a los recalcitrantes de mantener lealtad al gobierno, contrariando las órdenes del partido y permaneciendo en sus puestos, especialmente cuando ocupen ministerios. Otra bandada de emisarios se concentra en los pequeños partidos, ofreciendo puestos y presupuestos que sean abandonados por los del PMDB. El problema está en que esos partidos menores tienen más caciques que indios, o sea, más líderes que votos en el Congreso. Cerrar acuerdo con unos no implica obtener el respaldo de otros.
También se trabaja intensamente en las proyecciones sobre qué pasará en caso de que se consume la destitución de Dilma Rousseff y el vicepresidente Michel Temer asuma su lugar. La dirección del PMDB ordenó, bajo amenaza de expulsión sumaria, que todos sus militantes abandonen sus puestos en el gobierno. No se mencionó a Michel Temer, con el falso argumento de que fue electo para su cargo: se olvidan de que en Brasil no se vota específicamente por el segundo de la lista, sino por el primero, o sea, Temer se hizo vicepresidente por consecuencia, y no por sufragio.
Lula da Silva dispara en varias direcciones. El domingo de Pascua se reunió con Temer, ya no para intentar en vano que el PMDB se quedase en la alianza, sino para trazar un cuadro de lo que vendrá si se consuma el golpe institucional contra la presidenta Rousseff. Al PT no le quedará otra salida que una oposición contundente al que es considerado traidor. El problema es determinar cuál será la intensidad de esa contundencia.
La oposición golpista, encabezada por el PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, está dividida. José Serra, derrotado por Dilma en 2010, arde de ganas por adherirse al nuevo gobierno. Aécio Neves, derrotado por Dilma en 2014, resiste: dice que si Temer empieza a distribuir cargos a su partido, el PSDB, estará enterrando
su gobierno. Sabe muy bien que Serra ocupará amplios espacios para proponerse como postulante del PSDB en 2018, y si eso ocurre, lo que estará enterrado son las aspiraciones del mismo Neves a una nueva disputa presidencial.
Al mismo tiempo, se trabaja activamente estudiando las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema para que el impeachment sea decretado sin base jurídica. Hoy por hoy, esa falta de base es evidente: se trata de un juicio político, sin que se compruebe algún crimen, tal como está contemplado en la Constitución.
Mientras, la economía se desploma, el ambiente político se deteriora cada vez más y crece un antagonismo de una ferocidad sin precedentes históricos recientes, entre los que defienden la mera destitución de Dilma Rousseff y los que defienden la democracia.
