En un hecho sin precedente, cinco elementos de la Secretaría de Marina fueron consignados penalmente –el pasado 3 de marzo ante un juez federal– por su presunta participación en la desaparición forzada de una persona, lo que motivó, a su vez, una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual concluyó que si bien, no se encontró el arma homicida, se requiere deslindar la responsabilidad de los agentes navales, pues ellos fueron las últimas personas que fueron identificadas que vieron con vida a la víctima (sic).

En su declaración ministerial, el principal acusado, el capitán de corbeta Raúl Enrique Sánchez Labrada rechaza las acusaciones en su contra y niega que él y sus hombres hayan participado en la desaparición forzada de Armando del Bosque Villarreal, ocurrida el 3 de agosto de 2013, en la comunidad de Colombia, Nuevo León, y cuyos restos fueron encontrados en los alrededores del rancho San Cristóbal (ubicado en la misma zona), el 4 de octubre de ese año.

Acusadores y acusados se contradicen. Los marinos demandan su derecho a la presunción de inocencia y alegan la veracidad de su versión; la CNDH validó las acusaciones y ordenó a la Secretaría de Marina que reconozca la calidad de víctimas de los familiares de Del Bosque para que tengan acceso a la reparación integral del daño.

El caso inicia cuando dos policías municipales, Miguel Domínguez Jiménez y José Ángel Molina, acudieron al destacamento naval para pedir apoyo, para detener a dos personas que habían sido denunciadas por agresión y allanamiento. El capitán Sánchez accedió y junto con los policías acudió a atender el problema. Hasta ahí coinciden las versiones.

Las diferencias surgen desde los reportes oficiales respectivos: los marinos entregaron su reporte de novedades operativas el día de los hechos, en el que no hacen alusión alguna sobre el desaparecido, mientras que los policías lo hicieron siete días después, el mismo día en que fueron citados ante la Procuraduría General de la República (PGR) para declarar sobre los hechos.

Los policías declararon que pidieron apoyo a los marinos a partir de una pelea entre Armando del Bosque Villarreal y los hermanos Martín y Jesús Cruz. Agregan que cuando estaban con los marinos en la Base de Operaciones, vieron pasar una camioneta Gran Cherokee manejada por Jesús Cruz Contreras, quien fue detenido y llevado en la camioneta de la policía municipal –seguida por dos camionetas de la Secretaría de Marina– al domicilio donde habían ocurrido los hechos.

Ahí, los padres de Jesús dicen a los policías que su hijo había presentado la denuncia por agresión y que no tenían porqué llevarlo detenido, por lo que, finalmente fue liberado.

Después, según los policías, pasó en su auto el presunto agresor (Del Bosque Villarreal) –un Mustang gris– y los marinos lo detuvieron, sometieron y lo subieron a rastras a su camioneta, mientras, un oficial se subió al auto del detenido y se fueron rumbo a las instalaciones navales.

La misma versión la confirman otros testigos.

El capitán Sánchez Labrada, tanto en su reporte confidencial –que forma parte del expediente– como en su declaración ministerial señala: decidimos dejar al detenido Jesús Alberto Cruz Contreras por ser un asunto completamente doméstico de seguridad pública y sin delito de por medio de nuestra competencia.

Agrega que a las 14:30 horas, el padre de Armando del Bosque llegó a la instalación naval manifestando por qué habíamos detenido a su hijo, y al tratar de aclarar que nosotros habíamos detenido a otra persona, manifestó que él había sido testigo, que nosotros habíamos detenido a su hijo, lo habíamos subido a nuestro vehículo y traído a esta Base de Operaciones, manifestándole que eso era mentira.

Todos los marinos que rindieron declaración ministerial confirmaron la versión del capitán Sánchez Labrada.

En la averiguación previa (AP/PGR/NL/ESC-DCSP-I/2086/D/2013) se consignó a cinco marinos por desaparición forzada (el capitán es el de más alto rango). Tres marinos fueron exonerados del delito de encubrimiento. Están presos en el Campo Militar Número Uno, por ley, durante el tiempo que dure su proceso recibirán 50 por ciento de sus haberes y en caso de ser inocentes, tienen derecho al reintegro de los emolumentos no recibidos.