El Centro de Estudios Espinosa Yglesias entregó al Senado sus comentarios para la elaboración de las leyes secundarias en materia anticorrupción. En ellos propone que el sistema nacional anticorrupción esté integrado de la siguiente manera:

Una Secretaría de la Función Pública reformada, que sea la encargada del control interno de la administración pública, con mayores recursos y personal suficiente capaz de establecer un servicio profesional de carrera y con facultades para investigar los presuntos actos de corrupción que detecte.

Asimismo, una Auditoría Superior de la Federación con capacidad plena para ejercer las facultades que ya le otorga la Constitución de investigar los casos de corrupción; una fiscalía anticorrupción independiente y especializada en indagar, integrar y someter expedientes a consideración de jueces penales en casos de corrupción; esta institución deberá contar con autonomía presupuestal, funcional y de gestión.

El centro también menciona al Consejo de la Judicatura Federal –y en su momento sus similares de las entidades federativas–, que lleve las recomendaciones del sistema nacional anticorrupción (SNA) al Poder Judicial y lo provea de la información necesaria para producir inteligencia institucional en aras de conjurar el riesgo de impunidad.

Le sigue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para vincular los trabajos del SNA con el sistema nacional de transparencia, tanto a escala federal como en las entidades federativas.

Abunda la propuesta que el Tribunal de Justicia Administrativa habrá de contar con una sala especializada en materia de corrupción, con funcionarios altamente capacitados y con facultades para atraer casos graves.

Plantea también integrar un comité de participación ciudadana que actuará como enlace para prevenir la corrupción. El SNA, subraya el centro, deberá contar con suficientes recursos técnicos, presupuestales y de gestión y establecerá los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información.

Propone contar con un comité coordinador con atribuciones orientadas a la planeación, discusión y aprobación de la política nacional anticorrupción, como el establecimiento de mecanismos de coordinación con las instituciones integrantes del sistema, el diseño y la promoción de políticas públicas, así como la determinación de los mecanismos de información, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización y control.