Determinar los cambios de uso de suelo en la Ciudad de México debe ser una atribución del jefe de Gobierno capitalino, no de la Asamblea Legislativa, establece un documento del Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable (Conduse), que será base del nuevo Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), el cual fue entregado a Porfirio Muñoz Ledo, integrante del grupo redactor de la iniciativa de constitución, afirmaron grupos de vecinos.

Lo anterior ocurrió en una reunión que sostuvieron el pasado 18 de marzo integrantes del consejo, de la Mesa redactora del acuerdo por la Ciudad de México, que será la encargada de la elaboración del PGDU, en la que también participó Muñoz Ledo.

El escrito, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) local, establece que uno de los consensos a los que se llegó en el Conduse, en el que participan 2 mil 51 consejeros de los sectores académico, público, privado, social y legislativo, es que la dictaminación y aprobación de cambios a los usos debería recaer únicamente en el Poder Ejecutivo local y no en la Asamblea Legislativa.

Lo anterior fue rechazado por organizaciones vecinales, como Suma Urbana, la cual ha denunciado proyectos inmobiliarios irregulares, y ante la posibilidad de que esta propuesta sea integrada en el proyecto de constitución de la ciudad, Enrique Fernández del Valle, integrante del grupo de vecinos, detalló que enviará un escrito al mismo Muñoz Ledo para expresar su oposición a esa medida.

La entidad, con derecho a la plusvalía por edificabilidad

Otros de los consensos alcanzados en cinco meses de trabajo del Conduse es que la ciudad tiene derecho a participar de las plusvalías generadas por el uso de suelo y edificabilidad, así como por obras y equipamientos que actualmente es capturada por privados, y usarlas para garantizar el derecho al suelo y la vivienda. Asimismo, agrega el documento, del cual tiene una copia este diario, la ciudad debe contar con una legislación que inhiba la especulación inmobiliaria, facilitar una oferta de vivienda en venta y renta, así como garantizar la participación ciudadana en la política de desarrollo urbano.

Otro de los acuerdos, asegura, es que los consejeros se manifestaron en favor de la participación de la iniciativa privada en los proyectos de mejoramiento urbano, siempre y cuando dichas asociaciones público-privadas sean correctamente reguladas por el gobierno y vigiladas por los ciudadanos.

Sin embargo, reconoce que hay disensos entre los integrantes del Conduse, en temas como los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano capitalina, pues mientras unos se pronuncian por su derogación, otros opinan que sólo deben ser reformados.

Situación parecida ocurre con la Norma 26, que impulsa la construcción de vivienda de interés social y está suspendida desde hace más de dos años, que unos proponen eliminar, y otros consideran que se debe perfeccionar, al introducir una política de suelo con intervención del Estado.