Falta de transparencia en contratos de arrendamiento de plataformas petroleras y modificaciones de cláusulas que representan desventajas para Petróleos Mexicanos (Pemex), así como disminución en el monto de las penalizaciones por incumplimiento y demora en el pago de los mismos por parte de las empresas contratadas y la falta de registro de personal, son las principales irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la renta de tres equipos que la empresa productiva del Estado hizo durante 2014 para tareas de exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural en aguas profundas y ultraprofundas. Falta transparencia en el proceso de negociación de los contratos, concluyó el órgano fiscalizador.

En ese año, Pemex Exploración y Producción (PEP) contaba con 63 plataformas (54 autoelevables y nueve sumergibles), contratadas a particulares para incrementar las reservas y niveles de producción de hidrocarburos. El 69.8 por ciento de las plataformas, es decir 44, las consiguió por adjudicación directa y las restantes 19 mediante licitación pública internacional, destacó la ASF.

Refirió que el predominio de la contratación directa obedece a la estrategia que adoptó Pemex para garantizar su contratación y conseguirlas con oportunidad en el mercado exterior, ya que son equipos que tienen poca disponibilidad y alta demanda a nivel global.

Sobre el tema, la ASF auditó una muestra de 3 mil 251 millones 805.9 mil pesos, lo que representa 37 por ciento respecto del pago que hace dos años Pemex hizo por tres contratos adjudicados directamente a igual número de arrendadores: los más representativos en las operaciones vinculadas a 13 contratos de arrendamiento de plataformas en aguas someras (profundidades menores a 500 metros) y ultraprofundas (profundidades mayores a mil 500 metros).

El mayor monto, 2 mil 331 millones 915.6 mil pesos, que concentra 71.2 por ciento de toda la erogación auditada, fue para la plataforma La Muralla IV, cuyo periodo de arrendamiento se inició en 2012 y concluye en marzo de 2018. Otros 507 millones 460 mil 900 pesos se ejercieron para la plataforma West Intrepid y los restantes 412 millones 429 mil 400 pesos para la plataforma West Obero, ambas contratadas desde febrero 2014 y hasta 2020.

La ASF puntualizó que Pemex Exploración y Producción realizó modificaciones al clausulado de los contratos para el arrendamiento de plataformas que representan desventajas, como la disminución en el cobro de penalizaciones de 10 a 1.9 por ciento, sin penalizaciones y plazos para las correcciones de anomalías no impeditivas y sin contar con evidencia de los acuerdos en la dirección general.

Además de la reducción de penalizaciones, hubo un desfase de dos a 250 días en la atención de anomalías de riesgo, PEP demoró hasta 421 días para realizar el cobro de la penalización por 198 días de atraso en el arrendamiento de una de las plataformas y las empresas no informaron a las autoridades competentes ni registraron en sus libretas de mar e identidad marítima a 46 personas que subcontrataron, añadió.

La auditoría terminó el 18 de noviembre de 2015 y la ASF emitió seis observaciones a Pemex, las cuales a su vez generaron siete recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.

Si bien la ASF señaló que en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, enlistó cuatro excepciones que involucran en conjunto la aplicación de penalizaciones por 25 millones 250 mil 200 pesos, que consideró recuperables.

“No se proporcionaron los acuerdos de la dirección general de PEP para realizar las modificaciones de los contratos de arrendamiento de las plataformas West Intrepid y West Obero, lo que denota falta de transparencia en el proceso de negociación de los contratos”, aseveró. La subsidiaria de Pemex tampoco cuenta con registro de 46 personas subcontratadas y no aplicó las penas convencionales por 23 millones 90 mil 700 pesos, ni de otros 2 millones 159 mil 500 pesos por la falta de aplicación de penalizaciones por retrasos de las empresas para el arrendamiento de las plataformas y por la recuperación de pernoctas que les fueron pagadas en exceso.