Para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos es improcedente hablar de reparación del daño porque sería apostar al cierre del caso, aseguró ayer Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En entrevista, advirtió que a 18 meses de los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el gobierno pretende el olvido y quiere que el tema Ayotzinapa desaparezca por decreto.

Vía telefónica, el abogado señaló que también hay una actitud poco abierta a un tercer periodo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que es fundamental para continuar coadyuvando y acompañando las investigaciones.

Afirmó que para los familiares de los estudiantes sólo con los expertos puede haber una investigación imparcial y objetiva, así como el esclarecimiento de los hechos, por lo que se tiene que dar el tercer mandato del GIEI, pero hay oídos sordos del gobierno.

Rosales planteó que las autoridades han sido omisas ante la andanada de descalificación y desprestigio que están impulsando los grupos de derecha y ultraderecha en este país contra los expertos.

Resaltó que a toda costa se trata de desgastar la figura, desprestigiar y dañar la calidad moral que tienen los integrantes del GIEI, de cara a la investigación que están realizando, con el propósito de debilitarlos, para hacer ver que no es importante su presencia en el país.

Se propaga, dijo, la idea de que son una carga y ante eso el gobierno ha sido omiso, no se ha posicionado, no ha respondido como debiera ante el grupo de expertos que él mismo pidió como asistencia técnica.

El abogado resaltó que el GIEI recomendó a la Secretaría de Gobernación (SG) hacer una evaluación y un estudio sicosocial de cómo ha impactado la desaparición de los jóvenes en los padres de familia.

No así el tema de la reparación del daño, que implica tanto como un cierre del caso cuando las investigaciones hoy por hoy están abiertas, añadió.

Rosales comentó que el gobierno debe ser susceptible a realizar un análisis sobre los familiares de los asesinados y lesionados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, pero no de los desaparecidos.

Lo anterior porque, sentenció, no es factible ni procedente una reparación del daño. La Secretaría de Gobernación tiene que clarificar y separar los casos. Una circunstancia prevalece en el tema de los heridos y asesinados y otra respecto de los desaparecidos, insistió.

Rosales sostuvo que grupos de la sociedad civil ayudan y acompañan a los padres de familia para el estudio sicosocial, pero de parte del gobierno no ha habido nada.

Estamos lejos, puntualizó el abogado, de que se haga una valoración sicosocial sobre los impactos que han tenido los padres de familia y lo que ha significado la desaparición forzada de sus hijos. No se está haciendo y se está hablando, más bien, de una reparación del daño que es improcedente a todas luces, apuntó.

Este sábado, a 18 meses de la desaparición de los 43 normalistas, habrá una serie de actividades en la Ciudad de México, como parte de la jornada de acción global por Ayotzinapa.