Gustavo Castro, testigo del homicidio de Berta Cáceres, se encuentra en riesgo permanente de perder la vida, advirtió la diputada Candelaria Ochoa (Movimiento Ciudadano), quien visitó al defensor de derechos humanos, y concluyó que el gobierno de Honduras no ha otorgado a Castro los beneficios de testigo y le ha negado el derecho de regresar a México garantizándole seguridad y libre tránsito.

La legisladora también adujo que a la fecha no ha habido presión suficiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conseguir que Gustavo Castro retorne a México. Es necesario que la Cámara de Diputados promueva vías para liberarlo y garantizar su regreso en absoluta tranquilidad.

Con enojo, Candelaria Ochoa recordó que no existe voluntad del gobierno de Honduras para erradicar la impunidad relacionada a la violencia contra la defensa de los derechos humanos, sobre todo en los pueblos indígenas.

Desmintió también la participación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la FBI y la OEA en la investigación de la muerte de la líder indígena, versión que maneja el gobierno, pero que es falsa.

En estas circunstancias, Gustavo Castro es el único testigo y es clave para la resolución del caso; sin embargo, la justicia hondureña no va al fondo del asesinato, sino ha hecho una serie de nudos gordianos: le dictaron una orden migratoria por 30 días; el sistema judicial de Honduras no le otorga los beneficios de testigo y la posibilidad de regreso al país. Su vida corre peligro. Por ejemplo, la abogada de Castro fue suspendida 15 días por pedir una copia de la declaración de Gustavo y por pedir la corrección de una fecha equivocada en una de sus declaraciones.

Al tocar el tema de la participación de la autoridad mexicana, la diputada Ochoa reclamó acciones más eficaces para resolver esta situación y apoyar los esfuerzos de la embajadora mexicana, Dolores Jiménez.