tra cara de la impunidad en Veracruz –que se suma a la que gozan el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados al desechar la iniciativa de juicio a político en contra del gobernador Javier Duarte– es la que vive la familia de Javier Arturo Fernández Torres, quien hizo circular en Internet una carta en la que exige a la Fiscalía General del Estado que se proceda penalmente contra los júniors Enrique Capitaine (hijo del ex alcalde de Nautla Felipe Capitaine), Jorge Cotaita Cabrales y los hermanos Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, hijos de empresarios, quienes en enero de 2015 abusaron de la hija de Fernández Torres.

Los llamados Porky’s jarochos –en alusión a otra pandilla de vástagos de políticos y empresarios xalapeños que terminaron asesinando a golpes al joven Manlio Humberto Palomeque Ruiz hace ocho años– subieron por la fuerza a la joven a un Mercedes Benz para violentarla sexualmente en un domicilio de una exclusiva zona de Boca del Río.

Desde entonces, la familia vive una penosa situación que la ha afectado de muchas maneras y mantiene en terapia sicológica a la joven atacada.

Pese a que la fiscalía cuenta con un expediente abierto y pruebas y elementos suficientes para actuar, Fernández Torres no cree en la impartición de justicia a la veracruzana.

Los Porky’s admitieron su culpa en un video que circula en redes. El padre de la agraviada buscó hablar con los progenitores de los delincuentes para que repararan el daño sicológico y personal. Lo único que obtuvo fue una campaña de desprestigio en redes sociales, ante lo cual se vio obligado a proceder legalmente.

Como ya es costumbre en el estado donde no pasa nada, la fiscalía expresa su intención de hacer justicia, pero a pesar de la confesión de los pandilleros, el fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, consideró que el asunto se ha complicado porque se mediatizó y ello ha originado una presión adicional a la institución.