Respeto a las normas de gobierno de las comunidades indígenas y erradicar la discriminación, así como garantizar su derecho a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, son algunos de los puntos que las poblaciones originarias solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México que se incluyan en la constitución de esta metrópoli.

Ayer en el salón Oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, integrantes del comité consultivo de equidad para los pueblos indígenas de la Ciudad de México, encabezados por la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entregaron su propuesta al comisionado para la reforma política, Porfirio Muñoz Ledo, quien además forma parte del equipo que apoya al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en la redacción de la carta magna.

Durante la reunión, el comisionado aseguró a los dirigentes que es momento de ir de las palabras a los hechos, y les externó su confianza en que el mandatario capitalino apoyará la propuesta indígena, porque tiene el interés de hacer valer los derechos de todos los habitantes de esta ciudad.

Asimismo, reconoció el empeño de la titular de la Sederec para elaborar y entregar estos documentos, los cuales Muñoz Ledo calificó de valiosos para la elaboración de la constitución de la capital.

Rodríguez Velázquez remarcó que es importante garantizar en la carta magna que los indígenas tengan, sin discriminación, todos los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, y que sus pueblos poseen garantías colectivas que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como comunidades.

En los documentos entregados al comisionado se encuentra la exposición de motivos y una propuesta de tres artículos, en los que hace hincapié en la obligación del Estado y del Gobierno de la Ciudad de México de garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Uno de los artículos señala que en la Ciudad de México los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.