Abogados de José Manuel Mireles Valverde solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se pronuncie por el traslado del líder de las autodefensas a una cárcel de su natal Michoacán, además de que se atienda de manera urgente su delicado estado de salud.

Desde hace un año y 10 meses se encuentra recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora, acusado de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En una queja presentada junto con legisladores y dirigentes del partido Movimiento Ciudadano (MC), se señala una serie de violaciones a las garantías fundamentales cometidas no sólo en el proceso judicial que se le sigue, pues hay pruebas contundentes y de dominicio público para que él y sus compañeros de las autodefensas no estuvieran en prisión, sino ahora también por la desatención a su estado de salud.

Los abogados y dirigentes de MC fueron recibidos por personal de la tercera visitaduría de la CNDH, instancia que se comprometió a ir a ver a Mireles el próximo martes al penal de Hermosillo.

Campo de concentración

Daniel Moncada, diputado y coordinador de MC en Michoacán, indicó que la queja, asentada con el número 24 392/2016 de la CNDH, es porque el mismo doctor Mireles reveló en días recientes que no cuenta con atención médica, no tiene fármacos y prácticamente está en un campo de concentración.

El legislador local señaló que la petición a la CNDH para que recomiende a la Secretaría de Gobernación el traslado inmediato de penal es factible, toda vez que el gobierno del estado ya dio el visto bueno en este tema. Incluso, se dijo que podría ser a uno ubicado en la capital Morelia.

Por su parte, el abogado Ignacio Mendoza Jiménez informó que está en espera de que llegue la apelación a un tribunal unitario de circuito con sede en Michoacán, que habrá de resolver el incidente que promovieron con el argumento de tres causas de exclusión del delito que se imputa al líder de autodefensas, uno de ellos referente a que es falso que Mireles no tuviera permiso para portar armas. Otro camino es que la PGR se desista de la acción penal, en virtud de que al haber permiso de portación de arma, no hay delito que perseguir, agregó.