En una carta enviada al presidente Enrique Peña Nieto, diversas organizaciones de reconocido prestigio internacional en materia de derechos humanos exhortaron al gobierno mexicano a condenar de forma pública los actos de desacreditación y difamación lanzados desde hace varios meses en contra de activistas y organizaciones civiles, nacionales e internacionales.

Además expresaron su temor de que estos ataques formen parte de una campaña de descrédito y criminalización en su contra con el fin de deslegitimar su labor en defensa de los derechos humanos y poner en duda estándares internacionales que deben ser incorporados al marco legal del país.

‘‘Estas declaraciones tienen lugar en un contexto preocupante, por un lado, por la inacción gubernamental frente a dichos pronunciamientos y, por el otro, por la descalificación del trabajo de organismos internacionales de derechos humanos que llevan a cabo las autoridades mexicanas’’, dice la misiva, la cual fue enviada también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la canciller Claudia Ruiz Massieu, y la procuradora general de la República, Arely Gómez.

Solicitan la presencia de relatores

Incluso, señalan que ‘‘sería altamente recomendable’’ que en el transcurso de este mismo año los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y la situación de los defensores de derechos humanos recibieran el visto bueno del gobierno mexicano para realizar las visitas oficiales solicitadas.

Las organizaciones firmantes expresan su ‘‘profunda preocupación frente a la campaña de desprestigio’’ que están viviendo integrantes de organizaciones que acompañan a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en México.

Enumeran una larga lista de situaciones y declaraciones en contra del relator especial de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez; los ataques hacia José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y de otras organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Citan también al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, instancia que ‘‘ha sido blanco de una ola de descalificaciones y señalamientos contra sus integrantes a medida que avanza el esclarecimiento de los hechos’’.

Exhortan al presidente Peña a tomar las medidas adecuadas para enfrentar la grave crisis de derechos humanos actual, observando e implementando las decisiones y recomendaciones de organismos expertos internacionales, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas.

Firman, entre otras organizaciones: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos; Robert F. Kennedy Human Rights; Organización Mundial Contra la Tortura, y la Federación Internacional de Derechos Humanos. Sólo esta última, fundada en 1922, integra a 178 organizaciones de cerca de 110 países.