Brasilia.

Un juez brasileño suspendió cautelarmente este jueves el nombramiento del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva como jefe de gabinete, al considerar que podría existir un crimen de responsabilidad en su designación, en otro turbulento capítulo de una crisis marcada por escándalos que amenaza el mandato de Dilma Rousseff.

Este jueves, y en una semana de gran turbulencia política en Brasil, legisladores crearon una comisión para determinar si procede un juicio de destitución contra la presidenta, acusada por la oposición de derecha de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto usando bancos estatales en 2014, el año de su apretada relección, y a principios de 2015.

Lula llegó a tomar posesión del cargo en una ceremonia con ambiente de mitin político en la que su sucesora denunció maniobras golpistas. Pero poco después, un magistrado de Brasilia aceptó una medida cautelar que dejó su entrada en funciones en suspenso, para evitar que el ex presidente (2003-2010) obtenga fueros privilegiados. Esto, porque si Lula se convierte en ministro sólo podrá ser juzgado por la Suprema Corte.

La toma de funciones puede implicar intervención indebida y odiosa en la actividad policial, del Ministerio Público y también en el ejercicio del Poder Judicial por parte de Luiz Inacio Lula da Silva, argumentó el juez federal Itagiba Catta Preta Neto, cuyo juzgado se encuentra en Brasilia.

De esa manera, Lula ya no sería objeto de la investigación llevada a cabo por el juez Sergio Moro, a cargo de la causa sobre la trama de corrupción en la estatal Petroleo Brasileiro (Petrobras).

El gobierno recurrió la decisión del juez federal, en otro día de deliberaciones y con manifestaciones opositoras en Sao Paulo, Brasilia y otras ciudades, refirió Afp.

La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo, declaró la mandataria en el Palacio de Planalto durante la juramentación del flamante jefe de gabinete, mientras en el exterior la policía se interponía entre partidarios y adversarios del gobierno.

Rousseff acusó al juez Sergio Moro de violar la Constitución y actuar en favor de la oposición. Sacudir a la sociedad brasileña por medio de mentiras, maniobras furtivas y prácticas muy criticadas viola las garantías constitucionales y sienta precedentes muy graves, dijo Rousseff. Así comienzan los golpes de Estado, agregó, al resaltar que Lula la ayudará a encarrilar al país.

¡No habrá golpe! ¡No habrá golpe!, coreaban partidarios dentro y fuera del edificio.

Lula, investigado en una causa por supuesto ocultamiento de bienes en el megafraude de Petrobras, dejó el salón sin hacer declaraciones, en medio de una marea de custodios, asistentes, políticos y periodistas.

La incorporación al gabinete de Lula –quien en sus dos mandatos sacó a 30 millones de personas de la pobreza– fue vista por analistas como un último intento de Rousseff para evitar la caída de su gobierno vía impeachment (juicio político), herramienta por la que presionan la oposición de derecha y los principales medios de comunicación.

Una severa recesión económica sin salida visible y las revelaciones de la estafa en la que presuntamente están involucrados empresarios y políticos, y que le costó más de 2 mil millones de dólares a Petrobras, fueron minando a la coalición de gobierno que lidera el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

La Cámara de Diputados constituyó la tarde de este jueves la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), integrada por 65 legisladores, que emitirá un dictamen sobre el pedido de juicio de destitución de Rousseff. La recomendación de ese cuerpo no es vinculante y, para que el proceso continúe hacia el Senado, el impeachment debe ser aprobado por dos tercios de los diputados (342 de un total de 513).

De lo contrario, el caso será archivado.

Recomponer la diezmada alianza de partidos que apoyan a Rousseff será uno de los principales objetivos de Lula para frenar el intento de destitución.

Pero el impacto esperado fue eclipsado el miércoles con la divulgación, por orden del juez Moro, de una llamada telefónica de apenas 28 segundos en la que Rousseff le anunció al ex presidente que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento para que pudiera usarlo en caso de necesidad.

Rousseff quiso dar posesión el mismo miércoles a Lula, y no sabía si podía presidir el acto personalmente. Por eso le mandó el decreto para que al firmarlo asumiera el ministerio, y empleó la frase: usarlo en caso de necesidad. La prensa de inmediato concluyó que la presidenta orientaba a su mentor a usar el decreto en caso de que el juez Moro ordenara detenerlo.

La revelación de la conversación entre Rousseff y Lula movilizó a miles de personas durante la noche en varias ciudades para exigir la renuncia de la presidenta, reclamo que también hicieron legisladores.

Las tensiones entre la justicia y el Poder Ejecutivo se agudizaron cuando Rousseff pasó a la ofensiva y denunció la divulgación de la conversación telefónica ordenada por el juez Moro, quien al defender su decisión de hacer pública la llamada equiparó la situación en Brasil con el escándalo Watergate, que costó la presidencia de Estados Unidos a Richard Nixon en 1974.

No hay justicia cuando las garantías constitucionales de la propia presidencia de la república son violadas, proclamó este jueves una combativa Rousseff, quien provocó entusiasmo en la sala durante el acto, en el que Lula permaneció en silencio.

El fiscal a cargo del equipo que conduce las investigación de la Operación Lavado Rápido en la causa Petrobras, Deltan Dallagnol, salió literalmente a la calle y pidió, micrófono en mano, que se mantenga la independencia del Poder Judicial. Todos somos iguales ante la ley, dijo.

Hubo reacciones encontradas a la suspensión cautelar del nombramiento de Lula. El procurador general José Eduardo Cardozo dijo que detrás de la orden había motivaciones políticas y la calificó de absolutamente inapropiada.

Gustavo Binenbojm, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, insistió en que la medida cautelar es válida hasta que sea revocada, lo que significa que Lula aún no es ministro. Y el abogado Joaquim Pedro Rodrigues dijo que si la juramentación ya tuvo lugar, la suspensión no entraría en vigor hasta que haya una decisión final, indicó Ap.

El vértigo de la crisis se reflejó en los mercados. La bolsa de Sao Paulo subió 6.6 por ciento y el real cerró a 3.652 unidades por dólar, con una mejora de 2.38 por ciento. El mercado está celebrando el fin de este gobierno, resumió André Leite, de TAG Investimentos.

Al cierre de esta edición, Lula divulgó una carta abierta en la que pidió justicia ante lo que calificó de tristes y vergonzosos episodios, en referencia a escuchas telefónicas de las que fue objeto, entre otras acciones vinculadas a la policía federal y el Poder Judicial.