El Congreso de Guanajuato aprobó ayer la Ley de Movilidad, conocida como ley Uber, que regula el servicio ejecutivo de taxis para que operen en toda la entidad con el mismo permiso. La nueva norma obliga a los particulares a tener asegurados sus vehículos, regula las ciclovías, ordena crear un programa estatal de movilidad y el instituto correspondiente, entre otros preceptos.

A propuesta de la coordinadora de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Beatriz Manrique Guevara, el pleno resolvió en el artículo 171 que los taxis ejecutivos operen en todo el estado con un solo permiso.

Además, en el Código Penal se agregó el artículo 235 bis, que impone sanciones de un mes a cuatro años de prisión a quien preste u ofrezca el servicio público de taxi normal o ejecutivo sin concesión o permiso.

El artículo 123 de la Ley de Movilidad indica que el servicio especial de transporte se clasifique en ejecutivo, escolar, de personal, comercial, de emergencia, funerario y de accesorio. Además, los vehículos deben portar logotipos o signos mínimos de identificación para la supervisión de la organización, refiere el artículo 136.

El servicio especial de transporte ejecutivo es aquel cuyas especificaciones son superiores en término de lujo y comodidad a los taxis; se contrata mediante uso de plataformas tecnológicas y dispositivos electrónicos, menciona el artículo 168.

Los interesados en obtener un permiso para este servicio deberán presentar una propuesta de operación, cantidad de unidades, sus características e información sobre la plataforma tecnológica y mecanismos de contratación.

La autoridad determinará si es procedente otorgar el permiso. El conductor debe tener licencia tipo B, automóvil tipo sedán o superior de cuatro o cinco puertas con aire acondicionado, frenos antibloqueo, bolsas de aire y cinturón de seguridad para todos los pasajeros, estipula el artículo 210 de la Ley de Movilidad.

Mientras, en Jalisco, los diputados de la comisión de movilidad del Congreso local no pudieron llegar a un acuerdo para reformar la Ley de Movilidad a fin de regular las empresas de redes de transporte como Uber y City Drive.

Al cierre de edición y tras haberse pospuesto desde el mediodía la sesión del pleno, tres puntos mantenían atorada la propuesta enviada en septiembre pasado por el gobernador Aristóteles Sandoval.

Los únicos puntos en los cuales los diputados estaban de acuerdo era extender de cuatro a cinco años el máximo de antigüedad de los vehículos que serán utilizados por las redes de transporte para prestar el servicio y no restringir el número de unidades que operarán.