El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a las emisoras de radio y televisión –con señal en la capital del país– suspender la propaganda gubernamental a partir del 14 de abril, inicio de las campañas para la elección de 60 diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

La definición de lo relacionado al catálogo de emisoras, pautas para el periodo de campaña y entrega de órdenes de transmisión de materiales (espots) para este proceso provocó un debate entre integrantes del Consejo General del instituto.

Pablo Gómez, representante del PRD ante este consejo, acusó ‘‘a la autoridad electoral (INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) de beneficiar a los poderosos’’.

En este punto se mencionó la reciente resolución de la sala especializada del Tribunal Electoral que eximió de responsabilidad a conductores de noticieros televisivos quienes, durante la visita del papa Francisco, criticaron la obligación de cortar sus programas para introducir mensajes de partidos. Los jueces electorales dijeron que los comentarios fueron en el marco de la libertad de expresión.

El perredista señaló que quienes ganaron ese punto son monopolios, figura prohibida por la Constitución. ‘‘Entonces, ¿cuál legitimidad? Ninguna. Entonces, lo que yo estoy haciendo ver es que de todas maneras perdemos. ¿Por qué? Porque de todas maneras ellos (concesionarios) ganan, la autoridad electoral está al servicio de ellos, en sus dos cabezas, y se han puesto de acuerdo para dar la razón y proteger a esos ilegítimos monopolios de la comunicación nacional’’.

El consejero Ciro Murayama discrepó de Gómez y aseveró que las empresas del ramo cumplen en niveles ‘‘cercanos al ciento por ciento’’ con su obligación de transmitir en tiempo de campaña los mensajes políticos, por ejemplo. ‘‘¿Cuál impunidad? Y cuando se saltan, se sanciona’’, dijo.

Gómez le reviró que recientemente el INE no pudo siquiera cobrarles a las televisoras 47 mil espots no transmitidos.

El consejero Benito Nacif, presidente del Comité de Radio y Televisión, señaló que el instituto está siendo cuidadoso ‘‘al momento de imponer obligaciones’’ (para la difusión de mensajes). De la propuesta relativa a la asamblea constituyente de la capital del país, dijo, se reduce el número de emisoras de 103 a 77.

La consejera Pamela San Martín le señaló que, en efecto, el INE no puede imponer obligaciones irracionales, pero es necesario vigilar los alcances de la señal de cada concesionario y debe ser la misma para comercializar, pero también para transmitir los mensajes de los tiempos de Estado. ‘‘No es una cuestión de ser radical o no, sino de que la autoridad tiene que mandatar que se cumpla la ley’’, advirtió.